Por Melissa Ayala
Durante el periodo conocido como la “Guerra Sucia” se dio un enfrentamiento entre organizaciones civiles y fuerzas de seguridad pública donde servidores públicos, tras detener a las personas, se les remitía a las instalaciones que estaban a disposición de agentes de la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad y ahí eran vendadas, interrogadas y obligadas a declarar mediante amenazas, golpes, aplicación de corriente eléctrica en genitales, y sometidas a vejaciones, tortura y malos tratos. Lo anterior ha sido documentado, por ejemplo, por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Actualmente se cuenta con la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, creada a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención.
Lo anterior es de crucial importancia dado que este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá un asunto donde está llamada a determinar si la resolución del “no ejercicio de la acción penal” puede sustentarse bajo el razonamiento de que a los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la “guerra sucia” pueden o no ser investigados y sancionados.