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Por Nurit Martínez

La discusión sobre la reforma judicial en México ha dejado de lado en el debate la formación y capacitación de profesionales -abogados y personas que trabajan en los servicios jurídicos-: a presencia de pseudo abogados, gestores o personas que trafican con una profesión que debiera privilegiar su labor en miles de personas que hoy requieren garantía plena en el acceso a la justicia, el pleno Estado de Derecho.

Si uno revisa de forma general los datos de la profesión de abogados en México se observa que en los últimos diez años el promedio de escolaridad de los 442 mil empleados en este sector no se ha incrementado, sigue siendo de 16.5 años de escolaridad, es decir, concluyeron la licenciatura.

En el desglose se tiene que 83.2 por ciento cuenta con la licenciatura, 16.8 por ciento con posgrado.

Pero hay otras condiciones que nos dan idea de quienes laboran en ese sector y que es un pendiente en el cual no hay avances a pesar de los movimientos indígenas, me refiero a que sólo 1.9 de las personas en este sector habla una lengua indígena lo que hace ver la falta de profesionales que puedan representar o entender a importantes sectores de la población en nuestro país.

Mujeres al frente del debate, abriendo caminos hacia un diálogo más inclusivo y equitativo. Aquí, la diversidad de pensamiento y la representación equitativa en los distintos sectores, no son meros ideales; son el corazón de nuestra comunidad.