Claudia Ocaranza

Lo que el INAH no quiere que sepas: cómo acosa a whistleblowers

Funcionarios y hasta dependencias completas, deciden abrir fuego en contra de whistleblowers o personas alertadoras (anónimas o con nombre) que se atreven a hablar de las suciedades del sistema.

En un mes y 7 días se cumplen cinco años del sismo de septiembre de 2017, 19 días después se cumplirán los mismos años del catastrófico sismo que cobró la vida de 369 personas. Desde entonces, los recursos para la reconstrucción en muchos niveles, incluido el Patrimonio Cultural, han sido usados de forma irresponsable, por decir lo menos, y opaca, por nombrarlo con todas sus letras.

Esa, e indicios obtenidos de una fuente, o whistleblower (persona alertadora), como se le conoce en el mundo del periodismo, fue la tesis con la que inicié a investigar desde octubre de 2019 cuánto, cómo y para qué fue usado el dinero que pagó Seguros Banorte al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), encargado del Patrimonio Cultural en México.

Después de dos años de preguntar al INAH y a Centros INAH en 11 estados, vía transparencia, de recibir resistencia y hasta falsedades en sus respuestas, meter recursos de revisión, analizar cientos de presupuestos de conciliaciones entre el seguro y la asegurada y armar bases de datos, hablé con Rutilia Amigón Amigón, arquitecta del INAH adscrita al Centro-INAH Puebla. Rutilia, que no fue la fuente primaria que me pasó documentos y con quien charlé por horas (y a quien también agradezco infinitamente), fue pieza clave en el reportaje “El INAH pierde el rastro de 175 mdp y se queda sin póliza para sismos”, publicado el 21 de septiembre de 2021 en PODER. Revelamos que no se conoce con exactitud cómo fueron usados los recursos pagados por el seguro al INAH para la reconstrucción, entre otras cosas, por un acuerdo de pago en especie con Seguros Banorte que no quedó registrado en ningún documento oficial, malas prácticas y corrupción dentro del instituto.

Rutilia fue también la única trabajadora del INAH –de todas las que hablé– que accedió a ser mi fuente de manera abierta, con su nombre y posición y sosteniendo cada una de sus palabras. Junto con mi reportaje, unas semanas después, Rutilia publicó un texto llamado “Los terremotos del 2017, mi experiencia en la Mixteca poblana”, en el que narró las malas prácticas que presenció durante el intento de reconstrucción de los bienes muebles e inmuebles en Puebla. También volvió a aparecer como fuente en otras notas, según lo declaró a la revista Proceso en junio de 2022. Ahora, injusta y desafortunadamente, se enfrenta a represalias por parte del instituto.

En febrero de 2022, hospitalizada y convaleciente después de una operación, “sin escrúpulo alguno se aprovechó mi vulnerabilidad para comunicarme el cambio de adscripción a Sinaloa, exigiendo que me presentara en Culiacán de inmediato y acorralándome con la retención ilegal de mi salario. Los procesos administrativos en mi contra adolecen de irregularidades y violan mis derechos humanos, laborales y constitucionales”, explica Rutilia en un comunicado que compartió conmigo.

Los acosos han seguido. Entre otras cosas, descubrió que el INAH había dejado de pagar sus aportaciones al ISSSTE a favor de Rutilia como empleada desde 2017. Después de quejarse, el INAH pagó lo que debía, pero el daño estaba hecho. Sinaloa ahora le ha presentado faltas injustificadas y se niega a recibir las licencias que el ISSSTE le otorgó para justificar sus inasistencias por motivos de salud.

La arquitecta está dando la pelea a través de demandas, pero apunta que "la manera en que las autoridades han manejado las cosas deja ver un plan fraguado para expulsarme del INAH. Qué en el ámbito de Derechos Humanos se define como 'despido construido'", dijo. Cuando busqué fuentes del INAH para que me contaran el desastre de la reconstrucción, varias se negaron a hablar porque tenían miedo a represalias. Su miedo no era infundado.

El caso de Rutilia no es el único en el que funcionarios y funcionarias, y hasta dependencias completas, deciden abrir fuego en contra de whistleblowers o personas alertadoras (anónimas o con nombre) que se atreven a hablar de las suciedades del sistema. Como periodistas debemos admitir que hay un límite a la protección que podemos otorgar a nuestras fuentes. Cuando son abiertas, como Rutilia, el riesgo se comparte y no se puede hacer más que honrar un compromiso de reproducir de la manera más fidedigna posible lo que esas personas están contando. Cuando la fuente es off the record o de forma anónima, podemos honrar la promesa de no revelar quién es. Y también podemos empujar la creación y funcionamiento de buzones de filtraciones seguros, como Méxicoleaks, donde ni los medios ni periodistas que forman parte saben quién es la persona que envía documentos y denuncias.

Por eso, ante esos límites, se vuelve esencial avanzar con una Ley General para la protección de Alertadores de la Corrupción, en la que un grupo de trabajo multiactor estuvo colaborando entre 2020 y 2021. Ya existe el Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), para dar certeza a las personas alertadoras de hechos graves de corrupción y desvío de recursos públicos cometidos en el gobierno. Sin embargo, quedó detenida.

Hace unos días, el 13 de julio, Morena envió al Senado una propuesta de ley, pero ante los ojos de Paulina Madero, abogada experta en Derechos Humanos y participante en la redacción de la ley que quedó suspendida, la propuesta de Morena "adolece de una visión holística, no contempla realmente los derechos humanos ni protocolos tan completos como los que se proponían desde el grupo de trabajo con Sociedad Civil".

De funcionar, la propuesta de ley en la que participó Madero, podría ser una herramienta positiva para personas como Rutilia, que deciden alzar la voz a través de los medios que tiene disponibles en ese momento, como participar en un reportaje o hacer un escrito propio. Mientras, queda poner en el espacio público su caso y otros que seguramente están sucediendo y dar el respaldo como periodistas y ciudadanos, porque la protección de los alertadores es también un asunto de democracias sanas.