Respira
Por Pamela Sandoval Rodríguez
El enfrentamiento legal entre Coinbase y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que se llevó a cabo en un tribunal de apelaciones federal en Filadelfia el pasado lunes, no es simplemente un conflicto aislado. Representa un punto de inflexión crítico para la regulación de las criptomonedas a nivel mundial, y tiene ecos particulares en el contexto regulatorio de México.
Coinbase, la mayor plataforma de compraventa de criptomonedas de EE.UU., demandó a la SEC el año pasado después de que la agencia rechazó una petición para crear nuevas reglas claras que definan cuándo un activo digital es considerado un valor y establezcan un marco de estructura de mercado adaptado a las criptomonedas. La negativa de la SEC en diciembre de 2023 a revisar sus regulaciones —que Coinbase califica de "inoperantes" para el sector— llevó a la firma a buscar una revocación judicial.
Eugene Scalia, abogado de Coinbase, argumentó ante el tribunal que la SEC había actuado de manera arbitraria y caprichosa al no ofrecer respuestas más claras sobre cómo la empresa podría registrarse y cumplir con las leyes estadounidenses. Por otro lado, un abogado de la SEC sostuvo que la agencia no está obligada a crear una nueva reglamentación para el sector y que las regulaciones existentes deberían ser suficientes.
Este caso es emblemático de una lucha más amplia entre el sector cripto y el principal regulador de mercados de EE.UU. que ha mantenido que la mayoría de los tokens criptográficos son valores y, por lo tanto, están bajo su jurisdicción. La SEC ha demandado a varias empresas cripto, incluyendo a Coinbase, por listar y negociar tokens que, según argumenta, deberían estar registrados como valores.
En México, este enfrentamiento debe servir de catalizador para revisar y posiblemente ajustar nuestro propio marco regulatorio. La Ley Fintech, aunque avanzada, enfrenta desafíos similares en términos de claridad y adaptabilidad. Los reguladores mexicanos, al observar este caso, podrían considerar la importancia de adaptar las regulaciones existentes para fomentar la innovación sin comprometer la protección al consumidor.
Este litigio también resalta la necesidad de un marco regulatorio que entienda y se adapte a la naturaleza única de los activos digitales. Las empresas de tecnología financiera en México, así como las autoridades reguladoras, deben aprender de casos como el de Coinbase para desarrollar un sistema que no solo se ajuste a las realidades del mercado global, sino que también promueva un ambiente de negocios seguro y competitivo.
Mientras tanto, el tratamiento fiscal de las criptomonedas en México sigue siendo un terreno complicado. Las directrices fiscales actuales, aunque bien intencionadas, podrían desincentivar la inversión en un sector clave para la modernización económica del país. La discusión en torno a la necesidad de una legislación más clara y específica es más pertinente que nunca, dado que los desarrollos en EE.UU. podrían tener implicaciones directas para las empresas mexicanas y sus operaciones transfronterizas.
Esta situación sienta un precedente y sirve a la vez de recordatorio y de advertencia para que la regulación mexicana de Fintech sea más dinámica y receptiva a las innovaciones tecnológicas. Importante es establecer que este no es solo un debate sobre criptomonedas; es sobre la capacidad de México para posicionarse como líder en la regulación de nuevas tecnologías, asegurando que nuestra economía esté preparada para el futuro financiero que ya está tomando forma. ¿Seremos un país que adopte y adapte, o nos quedaremos atrás, atrapados por regulaciones que ya no se aplican al mundo en que vivimos? La decisión que tomemos ahora definirá nuestra trayectoria económica en las décadas venideras.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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