Respira
Por Patricia Mercado
Este martes, la mayoría de la Cámara de Diputadas y Diputados votó por rechazar la solicitud de Declaración de Procedencia contra Cuauhtémoc Blanco por el presunto delito de tentativa de violación, por lo cual mantiene su fuero parlamentario como diputado federal.
Esta fue una decisión muy dolorosa, que pone en entredicho las afirmaciones de que “es tiempo de mujeres” y que “llegamos todas” a partir de la paridad en los Congresos y de la elección de la primera mujer presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, este episodio nos deja varias lecciones.
Debemos recordar que el fuero es, ante todo, un privilegio, una norma que aplica especialmente a una persona o grupo. La figura en México proviene del antiguo fuero colonial, en que las personas debían ser juzgadas en tribunales de acuerdo con su clase o posición social. Con el advenimiento del orden constitucional, se abolió la mayoría de los fueros y privilegios y, en el resto del mundo, el fuero eclesiástico y el fuero militar poco a poco están desapareciendo ante el avance de los derechos humanos universales.
El fuero parlamentario, que algunos llaman inmunidad parlamentaria, existe para proteger a las y los congresistas de cualquier represalia o acción legal por sus opiniones, votos o acciones en el ejercicio del cargo. De esta forma, el fuero tiene sentido cuando se orienta a proteger la libertad y la independencia de las y los legisladores como representantes políticos de la ciudadanía, al evitar que la persecución comprometa el derecho a disentir y a exigir cuentas desde el parlamento.
La Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de Morelos solicitó la Declaración de Procedencia contra Cuauhtémoc Blanco por tentativa de violación durante su encargo como gobernador de ese estado, conducta que alcanza hasta 23 años de prisión para una relación familiar en el Código Penal estatal.
La tarea de la Sección Instructora y del Pleno era muy simple: valorar si Blanco debe enfrentar en este momento el proceso penal o no. A las diputadas y diputados no nos toca pronunciarnos sobre la investigación, pero sí nos corresponde señalar que la violencia de género se sostiene en relaciones de poder que inhiben la denuncia: lo mismo para delitos sexuales que para violencia económica o acoso laboral.
La posición que ostenta el ex gobernador hacía necesario aprobar la solicitud de procedencia para que la Fiscalía pudiera obtener elementos probatorios para sostener la acusación. Al rechazar la solicitud de desafuero, abrimos la puerta a la intimidación, influencia, amenazas o sobornos, y posponemos -indefinidamente- la resolución del caso.
Cabe recordar que, el año pasado, reformamos los artículos 4º y 21 de la Constitución Política, a propuesta de la presidenta Sheinbaum, para establecer que el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños. Esto implica que no hagamos una excepción y que no toleremos un trato especial cuando se investigan presuntos delitos en contrade una mujer.
Para la Cámara de Diputados, el deber reforzado de proteger a las mujeres significa entender que las posiciones de poder pueden sostener la violencia de género y provocar la impunidad. Por eso, a mi juicio, la Cámara no debería rechazar ninguna solicitud realizada por las autoridades con estas causales. Menos aún en el caso de un diputado que ha sido señalado por diversas agresiones, lo que deben resolver las autoridades competentes.
El privilegio de un servidor público para no ser procesadono puede mantenerse ante una denuncia por violencia sexual. Este era un momento para demostrar un consenso amplio en contra de la impunidad que enfrentan las mujeres agredidas, pues podíamos permitir un proceso más equitativo entre la víctima y el ex gobernador. La mayoría, sin embargo, votó en contra de la continuación del proceso penal y de que Blanco enfrentara a un juez como cualquier otra persona.
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