Por Ivonne Ortega
Es alarmante que, en un momento en el que la lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres son prioritarias, se tomen decisiones que protegen los privilegios políticos de presuntos agresores por encima del derecho a la justicia de las víctimas.
Ayer, en pleno 25 de marzo, Día Naranja y mes de las mujeres, la Cámara de Diputados aprobó, con el voto de 291 legisladores de Morena, del PRI y del Partido Verde, el dictamen que permite mantener el fuero al diputado Cuauhtémoc Blanco, acusado de intento de violación por su media hermana.
El acuerdo de improcedencia de la Sección Instructora señalaba que no se acreditó el cumplimiento de los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal. Es decir, el argumento para declarar la improcedencia de la solicitud de desafuero fue que la carpeta de investigación de la Fiscalía del Estado de Morelos presentaba inconsistencias.
Sin embargo, la Sección Instructora no practicó todas las diligencias que establece el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. No llamó a comparecer ni a la Fiscalía ni al acusado, y tampoco se apegó a los tiempos y plazos que marca la ley. Argumentaron inconsistencias procedimentales, mientras ellos mismos las cometían.
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