Respira
Por Rosanety Barrios
“Todo el mundo es de opiniones de pareceres tan varios, que lo que el uno, que es negro, el otro prueba que es blanco”. Sor Juana Inés de la Cruz.
Estamos estrenando leyes energéticas, producto de la modificación Constitucional de octubre de 2024, la cual les dio a Pemex y a CFE el carácter de empresas públicas del Estado, las reintegró verticalmente, definió que sus actividades no serán consideradas monopólicas y estableció que los particulares no podrán tener prevalencia en las actividades del sector eléctrico en las que anteriormente competían con el Estado (generación y comercialización).
Lo primero que en mi opinión destaca es que dichas leyes reconocen la imperiosa necesidad que tiene el Estado de que la iniciativa privada también participe en el sector y termine así la larga noche que implicó la administración pasada, llena de cambios regulatorios, violaciones legales y procesos judiciales que terminaron por confesar todo interés privado, al tiempo que las inversiones del Estado fueron escasas y tardías (dejando de lado la opacidad de Dos Bocas), por lo que regresaron a México los apagones.
Estamos re-estrenando un modelo de desarrollo mixto en el cual la participación del Estado tiene prioridad. No, no es igual al de 1992 ni al de 2013, si bien existen coincidencias con ambos. Finalmente, el agua tibia no fue descubierta ni por tirios ni troyanos.
No tengo intención de descalificar el modelo, si bien advierto diversos riesgos, el más importante de todos, la incertidumbre que aún con las nuevas leyes prevalece y que seguramente tendrá que ser atendida con la regulación terciaria, es decir, reglamentos, disposiciones, manuales y contratos específicos.
Dentro de este contexto, la posición de Pemex, a quien las leyes también dan un trato preferente aún cuando la Constitución no lo establece así, es sin duda de los temas más críticos para nuestro país.
La producción de crudo parece haber entrado ya en una caída dramática producto del agotamiento de los principales campos y las refinerías para dejar de perder, exigen inversiones que calculo en, al menos, 10 mil millones de dólares. Está claro que esta cantidad no va a salir del erario, así que, en materia de producción de petróleo y gas, ya se tienen preparados nuevos contratos mixtos, los cuales, como ya apunté, tendrán que ser generosos para crear certidumbre. Sobre la inversión en refinerías, el tema es mucho más complejo, ya que cualquier interés privado se estrella de frente con el precio “regulado voluntariamente” de $24.00/lt.
Es decir, me parece que la inversión privada con riesgo en las refinerías no es un escenario que este gobierno busque, ya que nadie va a invertir para perder a precio regulado. Queda la duda entonces de cómo se va a resolver el problema de refinerías que pierden dinero sin parar.
En materia eléctrica, se han hecho ya varias presentaciones que dejan claro el interés del gobierno por desarrollar energía renovable y atraer a la inversión privada bajo las nuevas formas que la ley acredita para el Estado y para competir con él, con un límite de 6.4 GW para el sexenio,sin que quede claro cómo es que esta cantidad cumple con el famoso 54/46, si bien lo más relevante es que se aclaren las dudas que prevalecen sobre el otorgamiento de los permisos correspondientes y la oportuna construcción de más líneas de transmisión, en donde, de acuerdo a la nueva ley de CFE, también podría invertir la IP.
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