Respira
Por Rosanety Barrios
El pasado 16 de noviembre, el colectivo México, ¿cómo vamos? (MCV) publicó la actualización de su Índice de Progreso Social, al cierre de 2022. Este índice es una aportación muy valiosa como unidad de medida multidimensional, distinta al indicador de crecimiento económico tradicional, la variación del Producto Interno Bruto.
MCV construyó un índice que muestra la evolución del progreso social desde el año 2015 por entidad federativa y el promedio nacional. Sus hallazgos son profundamente reveladores, los estados con mayor rezago son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, aquellos con un histórico retraso también en términos de crecimiento económico.
Lo que MCV nos dice, es que los estados en los que se ha presentado un mayor avance en el PIB, existen condiciones que facilitan el desarrollo social. Es decir, si bien se confirma que el crecimiento económico no crea bienestar por sí mismo, es una realidad que, sin ese crecimiento, lograr el desarrollo social es un reto monumental.
Lo que nos lleva a concluir que no es posible ni deseable dejar de lado el crecimiento económico. Es indispensable que la política pública otorgue condiciones mínimas para que los grandes capitales acudan a nuestro país a invertir, crear empleos bien pagados y naturalmente, cumplir con sus obligaciones fiscales para apuntalar una política social basada en el Estado de derecho.
Es decir, un gobierno que efectivamente busque no dejar a nadie atrás, acabar con la pobreza y provocar el desarrollo incluyente, tiene que atender los indicadores macroeconómicos y contar con mecanismos que aseguren los beneficios microeconómicos deseados.
Un aspecto particularmente relevante que aborda MCV, es el efecto esperado de la relocalización o “nearshoring”: las inversiones acuden a aquellas localidades donde existe el mayor progreso social, es decir, que el efecto del crecimiento apuntalando el desarrollo continúa llamando inversiones, de forma tal que los estados más rezagados requieren de algún cambio sustancial en la inversión pública, a efectos de detonar el progreso y con ello, construir condiciones que permitan atraer nuevas inversiones.
El ejemplo más claro es la construcción de infraestructura que la inversión privada no llevará a cabo: carreteras, puertos, hospitales, escuelas y servicios fundamentales como agua y energía, son condiciones previas a la llegada de grandes inversiones provenientes de la relocalización.
Si la energía es un insumo fundamental, requerido para cualquier servicio básico como educación y salud, entonces podemos concluir que el desarrollo de infraestructura energética es indispensable no sólo en aquellas regiones en donde el nearshoring está buscando el servicio, sino de manera muy señalada en los estados con mayor rezago en su progreso social.
La única forma para que el sur del país no continúe su rezago frente al norte, es que el Estado tome la decisión de concentrar sus inversiones en esas regiones, que no son atractivas para la inversión privada. Y si el dinero es escaso, no hay nada qué dudar, la Constitución y las leyes en la materia establecen diversos mecanismos a través de los cuales es posible que los capitales privados desarrollen infraestructura energética en donde resulte atractivo y aporten recursos para programas sociales específicos.
Un ejemplo de ello es el Fondo del Servicio Universal Eléctrico. Este fondo fue creado para llevar electricidad a quienes menos tienen y se alimenta de los desbalances del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Pero el MEM ha visto detenido su crecimiento, con lo que el principal agente es la propia CFE, de tal forma que la empresa del Estado es la que carga con la mayor parte de las aportaciones. Dicho de otra forma, no es posible aspirar a que la iniciativa privada participe más en este fondo si se tiene inhibida la competencia.
Este círculo vicioso tiene limitada la capacidad del Estado para fortalecer la política social requerida para acelerar el progreso social de los estados más rezagados. No hay nada qué pensar, México necesita urgentemente llevar energía de la mejor calidad, limpia y con el menor costo posible a todos los rincones del país. Si la energía no es un objetivo sino un insumo fundamental, si el objetivo es que los que menos tienen cuenten con más y mejores empleos, un servicio de salud universal de primer nivel, educación de calidad y moverse con tranquilidad y seguridad, entonces hay que considerar que el sector energético mexicano puede ser una palanca para ese desarrollo incluyente.
No aprovechar todos los mecanismos que la Constitución prevé es un desperdicio inaceptable. Todo el mundo habla de la oportunidad del nearshoring pero hasta el momento no se ha hecho nada para aprovecharla. En materia de energía, es posible corregir el rezago que nos lacera como sociedad abriendo la puerta a la inversión conjunta del Estado y la iniciativa privada, atender el nearshoring y conducir la política social requerida para lograr el progreso social. Primero los pobres, pues, pero en serio.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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