México: la fosa común con licencia de gobierno

Por Sandra Romandía

Un centenar de zapatillas apiladas, desgastadas por el tiempo, huérfanas de sus dueñas. Bolsos con identificaciones que nadie encontró. Ropa juvenil esparcida entre los restos calcinados de un crematorio clandestino. Los objetos hablan cuando los cuerpos han sido reducidos a cenizas.

Y luego está la carta. Escrita a mano, con tinta azul y palabras desesperadas. Es de un joven de Cortázar, Guanajuato, que alguna vez soñó con salir de la pesadilla en la que terminó atrapado. Su último rastro es ese pedazo de papel, encontrado en lo que parece ser otro campo de exterminio en México. Uno más en la larga lista de horrores que el país acumula sin aprender nada.

El horror en Teuchitlán, Jalisco, nos ha devuelto la imagen de un México que parece ir revelando su verdadera forma: un país convertido en un gigantesco cementerio, un campo de concentración donde el exterminio y el trabajo forzado conviven en la sombra. Pero esto no es nuevo, ni exclusivo de un estado, ni mucho menos de un partido político.

Hace ocho años, bajo la dirección editorial en La Silla Rota, publicamos el reportaje “El campo de exterminio que el gobierno de Veracruz ocultó”, algo similar a lo que hoy vemos en Jalisco. Pero la historia de cómo llegamos ahí es clave para entender lo que ocurre hoy.

En 2017, un colectivo de búsqueda en Veracruz buscó al reportero Miguel Ángel Carmona para confesarle que tenían indicios de que en un rancho había ocurrido un exterminio masivo. Ellos mismos entregaron restos humanos a las autoridades que habían rescatado, pruebas que, en cualquier país que se diga civilizado, habrían encendido todas las alarmas. Pero la Fiscalía no hizo nada. Ni investigó, ni analizó, ni resguardó.

Ante esa omisión criminal, en el equipo editorial que entonces dirigía en La Silla Rota, decidimos que no podíamos quedarnos con el testimonio. Había que ir. Organizamos un protocolo de seguridad y nos dirigimos al lugar con los colectivos de búsqueda. Lo que encontramos ahí fue horroroso.

Las imágenes de aquel rancho eran un catálogo del infierno: zapatos de bebés, credenciales de identificación, restos humanos esparcidos como si fueran basura. Cada objeto era una prueba valiosa para miles de familias que buscan a sus desaparecidos. Y lo peor: ahí estaban los cráneos, los huesos, los restos de cuerpos que fueron ignorados por la Fiscalía de Veracruz.

¿La razón? Quizás la misma que hoy vemos en Jalisco. No fue omisión, fue colusión. En Veracruz, el gobierno de Miguel Ángel Yunes, entonces PAN y hoy cooptado por Morena, no sólo no investigó, sino que había estado ahí meses antes; personal de la fiscalía estatal, en teoría autónoma pero en los hechos coordinada con el Estado, levantó meses antes cuerpos que aún no alcanzaban a ser calcinados y decidió que no había nada más que ver. No quisieron analizar los huesos ni buscar a quién pertenecían hasta que los colectivos insistieron y publicamos el reportaje además en alianza con Imagen Televisión, en el programa nocturno de Ciro Gómez Leyva.  

Hoy la historia se repite gracias a las madres buscadoras que fueron a un sitio plagado de horror abandonado por el estado igual, sin investigar.

¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Se indagará hasta llegar a los culpables de esta atrocidad que debería ser escándalo mundial?   

Hoy, la reportera María del Carmen Gutiérrez, en un texto publicado en Emeequis, revela los nombres detrás de la cadena de impunidad en Jalisco. Y no hay sorpresas: todos los niveles de gobierno estaban al tanto, todos son responsables.

Teuchitlán no es un municipio fantasma, ni un pueblo perdido en la selva. Es un lugar pequeño, con un alcalde, regidores, policías municipales que sabían o debían saber lo que ocurría en ese rancho. Pero el silencio es rentable y la complicidad es la norma. Ninguno de ellos ha dado la cara.

El reporte de Emeequis expone a Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal estatal de Jalisco, quien ahora investiga “omisiones” en el caso, como si su propia fiscalía no fuera parte de ellas. También señala a Salvador González, alcalde de Teuchitlán, quien hasta ahora ha hecho mutis.

Pero el dato más grave de la investigación es la presencia de la Guardia Nacional en el rancho en al menos dos ocasiones previas al hallazgo mediático, revisando el lugar sin que se abriera una investigación formal. ¿Qué vieron? ¿Qué decidieron ignorar? El silencio de esta corporación, que responde directamente al gobierno federal, es tan escandaloso como su presencia en un sitio donde el exterminio era evidente.

¿Y a nivel federal? Nada. El gobierno de Claudia Sheinbaum reacciona con frases vacías, mientras la narrativa es resaltar que esto es un problema local. Lo mismo hizo el gobierno de López Obrador con las masacres en Guanajuato, Tamaulipas y Guerrero. La estrategia es clara: voltear la cara y dejar que el tiempo haga su trabajo.

Este no es un caso de delincuencia organizada contra el Estado. Es delincuencia organizada con el Estado.