Respira
Por Sandra Romandía
Hace diez días, cuando los colectivos de buscadores de desaparecidos descubrieron el horror del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, la noticia sacudió al país y trascendió fronteras. Un campo de exterminio con hornos clandestinos, la posibilidad de miles de víctimas asesinadas y calcinadas (aún cuando ahora las autoridades digan que no había hornos), y el silencio ensordecedor de las autoridades.
Pero en Emeequis nos hicimos una pregunta: ¿de quién era ese rancho antes de convertirse en una fábrica de muerte?
La respuesta que encontramos en la investigación publicada este lunes bajo el título "Rancho Izaguirre: comprado por la fuerza en 2012, devuelto en las sombras en 2025", escrita por Esteban David Rodríguez, nos llevó a otro horror: el despojo.
Ese rancho pertenecía a don Genaro (nombre ficticio por seguridad), un ejidatario cuya familia había trabajado la tierra desde la posrevolución. En 2012, un grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) irrumpió en su casa, sometió a su hija adolescente y le planteó una opción que en realidad no era tal: su tierra o la vida de su hija.
Los criminales se quedaron con la parcela. El Estado, con la indiferencia.
Durante más de una década, en ese rancho se llevó a cabo una masacre silenciosa. Y cuando finalmente el país supo lo que ahí sucedía, ocurrió otro acto de magia negra burocrática: en 2025, el predio apareció en los registros municipales de Teuchitlán, pero ya no como tierra ejidal, sino como propiedad privada.
Sin asamblea ejidal, sin trámites documentados, sin deslinde oficial, sin absolutamente nada.
México no es solo un país donde el crimen despoja; es un país donde las autoridades le allanan el camino para que legalice lo robado.
Tras la publicación del reportaje y mi participación en el programa de la periodista Adela Micha, quien generosamente me concedió 25 minutos para hablar de esta historia, hemos recibido una avalancha de denuncias.
Mensajes en redes sociales, correos electrónicos, testimonios en los buzones institucionales de Emeequis. Decenas de historias de ranchos arrebatados, casas tomadas por la fuerza, propiedades que cambian de manos sin papeles, pero con violencia.
El despojo no solo es una constante, sino un fenómeno en crecimiento. En los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto y los tres primeros de Andrés Manuel López Obrador, las denuncias por despojo aumentaron 50%. Actualmente, cada año se presentan entre 28,000 y 30,000 denuncias por despojo en México.
Los números, sin embargo, no reflejan la realidad completa. La cifra negra de despojos no denunciados es incalculable. Casos como el de don Genaro, que nunca reportó el robo de su parcela por miedo, se replican en todo el país. Hay territorios donde no se denuncia porque el ministerio público es parte del problema.
El despojo se ha convertido en un negocio multimillonario para el crimen organizado. Las tierras robadas se utilizan como casas de seguridad, campamentos de entrenamiento y hasta negocios. En estados como Tamaulipas, Chihuahua y Jalisco, grupos criminales mantienen los papeles de los predios en regla con la complicidad de redes de abogados y funcionarios municipales.
El Rancho Izaguirre es solo la punta del iceberg de un modelo que se repite con precisión quirúrgica en todo el país. Un patrón sistemático donde el crimen toma por la fuerza y el Estado blanquea los papeles.
El caso de don Genaro desnuda el modus operandi con el que el crimen organizado se apropia de tierras. No solo se trata de la violencia inicial del despojo, sino del entramado legal que permite consolidarlo.
El terreno donde operó el campo de exterminio en Teuchitlán nunca cambió de dueño en los documentos oficiales. La parcela siguió a nombre de don Genaro, lo que evitó cualquier sospecha sobre la toma ilegal del predio.
Pero en enero de 2025, algo cambió. El municipio de Teuchitlán le envió a don Genaro un aviso de cobro predial. Su terreno, hasta entonces ejidal, ahora figuraba como propiedad privada.
Para que un terreno ejidal cambie su régimen de propiedad y pase a ser privado, se necesita una asamblea de ejidatarios, una autorización del Registro Agrario Nacional (RAN) y trámites ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Ninguno de estos pasos se realizó. Sin embargo, en los registros oficiales, el trámite se concretó sin que la familia tuviera conocimiento.
¿Cómo se legalizó el despojo? ¿Qué funcionarios facilitaron el cambio de propiedad? ¿Cuántas otras tierras han sido robadas y blanqueadas de la misma manera?
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