Respira
El 16 de octubre de 2022, varios congresistas republicanos y demócratas pidieron al gobierno de Biden que cambiara la visión de cómo enfrentar la crisis por fentanilo que deja más de 107 mil muertes al año por sobredosis.
En su petición, los legisladores estadounidenses señalaron como “urgente” que la sustancia fuera considerada un arma de destrucción masiva, no solamente como una droga.
Tres días después, el agente especial de la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Jon DeLena tomó esa declaración y confirmó que así se consideraría al fentanilo, ya no era solo una droga. En esa misma declaración DeLena responsabilizó a dos cárteles mexicanos: el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.
La declaración no pasó desapercibida en México. Por ejemplo, Alberto Capella, experto en seguridad y quien fuera jefe de seguridad en Tijuana, Morelos y Quintana Roo lo advirtió: “este es un gran tema que generará un punto de inflexión en nuestro país en el combate a estas organizaciones criminales”.
Y los señalamientos siguieron: el 12 de diciembre la DEA nuevamente responsabilizó a los cárteles de producir fentanilo y pastillas mezcladas con esta sustancia y otros productos químicos. Capella tampoco se quedó atrás: “será el punto de inflexión en nuestra región”, repitió.
Este 5 de enero, nuevamente jueves, la narrativa dio otro paso. Era otro jueves negro, el segundo “Culiacanazo”, uno con un final efectivo contra el crimen y aterrorizante para los sinaloenses; fue finalmente detenido Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, líder del cártel de Sinaloa.
¿Qué cambió de 2019 a 2023? Evidentemente se dan esas acciones en Estados Unidos de carácter político de alto nivel de presión legislativa a su gobierno federal, mismas que buscaban también un cambio de visión y estrategia en el gobierno mexicano en un momento importante para ambos países.
En cuatro días, Joe Biden llegará a México y esta visita, cuya cara principal tiene el diálogo en materia de seguridad, nos hace preguntarnos qué expedientes puso el gobierno de Estados Unidos sobre el escritorio para generar presión sobre México.
Esta traición a la “tregua” en el estado de Sinaloa deja dudas y visibiliza otra realidad, pues mientras el gobernador Rubén Rocha publicó en Twitter con mesura que simplemente fue informado del operativo, la ciudadanía quedó en un fuego abierto del crimen organizado cuya participación en los procesos electorales fue evidente; se prevé un desestabilización en esa zona en la que incluso elementos de la policía, mandos medios y mandos militares podrían estar en riesgo por no haber protegido a Ovidio Guzmán.
Otra diferencia entre lo que pasó en octubre de 2019 y en enero de 2023 tiene que ver con la operación, incluso, de grupos antagónicos sinaloenses que en esta ocasión dejaron solos a los hijos del Chapo, pues no operó el Mayo Zambada ni ningún otro.
¿Veremos algún cambio en términos de negocio? Ovidio, ahora detenido, no es la cabeza principal del grupo sino Iván Archivaldo, por lo que es posible que no haya diferencia alguna.
El cambio está en los tintes políticos pues beneficia a ambos gobiernos, mientras México se saca la espina y desecha el fantasma de una supuesta alianza con el Cártel de Sinaloa que lo siguió desde el primer “Culiacanazo” y de paso, consigue que Biden dé la legitimidad que López Obrador buscaba para el AIFA, Estados Unidos –del que me confirmaron fuentes que estuvo en la operación de este jueves– muestra músculo y Biden sale fortalecido.
Este jueves negro no atacó, ni de cerca, el problema de fondo pues beneficia a ambos presidentes que lograron simplemente una bocanada de oxígeno para sus gobiernos.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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