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La mañana del 16 de febrero de 2004, Dulce María Obregón Cervantes dejó a su hijo de cinco años en el  jardín de niños, en Tlalnepantla, Estado de México, y no lo volvió a abrazar fuera de prisión. De esa despedida pasaron casi 19 años y a la fecha solo puede ver a ese niño, ahora un joven de 24 años de edad, algunas horas y dentro del penal de Tepozanes.

Ese día, de hace 18 años y siete meses, fue detenida sin orden de aprehensión y torturada  por hombres armados no uniformados, que la subieron a un vehículo en el trayecto de regreso del kínder. Sin darle más detalles la trasladaron a la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), donde la golpearon y amenazaron para que confesara ser la secuestradora del hijo de un empresario textil de la comunidad judía, Salomón Yedid.

Su declaración, asentada en la carpeta, fue firmada por terceras personas, luego de un peritaje oficial que reveló la falsificación de las rúbricas. Su cuerpo y su mente recibieron horas de tortura, según pudo comprobarse en el peritaje de tortura que le fue hecho años después.

¿Las pruebas de su culpabilidad? Los dichos de una tercera persona al empresario, padre de la víctima, que no aportó evidencia física alguna.

Pero en el sistema mexicano eso no importó. Dulce María no se llama Florence Cassez ni contó con el apoyo de su país porque no es extranjera, sino mexicana, muy mexicana, al grado que aún confía en que quizás la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga su caso por las similitudes que guarda con respecto al expediente de la francesa liberada: también fue detenida horas antes de lo asentado oficialmente, también fue recluida sin pruebas y presentada como secuestradora de una “peligrosa banda”, también fue acusada de un delito que urgía resolución: en este caso que la aseguradora no pagaría la indemnización al empresario padre de la víctima si no se comprobaba que realmente fue un secuestro y no un autosecuestro. También fue aislada, también padeció la violación a sus derechos y también fue declarada “caso resuelto” en la época de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, los “superpolicías”, ahora detenidos  y procesados en Estados Unidos, protegidos por Vicente Fox y Felipe Calderón.

He podido platicar con ella vía telefónica desde el penal en donde vio pasar su juventud y cada uno de sus veintitantos y treinta tantos años de edad… ya cumplió 47. Me cuenta con desesperación auténtica que nadie le ha ayudado, que cada año piensa que es el año en que puede salir, porque increíblemente tiene todos esos años sin sentencia, en la terrible prisión preventiva. En 2007 fue sentenciada a 36 años de cárcel, pero con un recurso “de alzada” por las irregularidades ésta se suspendió y lleva así años, en calidad de procesada.

“Mi mamá está muy deteriorada, la cárcel no solo la vive una, la vive toda la familia”, me dice con voz temblorosa desde el otro lado del auricular.

Dulce María es una más de las estadísticas que señalan que 40% de las mujeres recluidas en penales del Estado de México han declarado haber sido torturadas para decirse culpables y aun así siguen tras las rejas, aunque presente una conducta intachable.

Personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue a visitarla para conocer su caso, que llama la atención debido a lo evidente de su inocencia y al tiempo que tiene recluida sin sentencia.

Mi pregunta es: ¿qué esperan los ministros de la SCJN para atraer este caso? ¿Qué falta para que se visibilice a Dulce María y muchas más que siguen pagando las consecuencias de un sistema corrupto y mafioso como el que permeó en la época de Felipe Calderón?

Una buena señal de que empezamos otra era sería que voltearan a ver esta historia y Dulce María tuviera la esperanza de, tras casi dos décadas, conocer eso que llaman justicia.

@Sandra_Romandia

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