Respira
Por Sandra Romandía
Sí, sí actuó mal la policía de Cajeme. Sí, sí fue un error. Sí, sí se pudo haber evitado el feminicidio de Alma. Sí, sí debieron protegerla. Sí, sí da rabia saber que este tipo de casos sigan ocurriendo por negligencia o incapacidad.
Ayer por la tarde, la periodista Azucena Uresti entrevistó en su programa de radio a Javier Lamarque, alcalde de Cajeme, Sonora, sobre lo ocurrido este fin de semana en su ciudad, donde Alma, empleada de una carnicería, fue agredida por Hilario, un hombre de 71 años, que la golpeó -a ella y a otro trabajador- además de acosar sexualmente a su hermana; y luego la asesinó con un arma de fuego tres horas después de la primera agresión.
La noticia nos dejó frío, rabia e indignación como país y como mujeres.
Aún en este contexto, el alcalde aseguró que su policía actuó conforme a protocolo a pesar de que no protegió a la víctima ni llevó a cabo algún operativo para evitar que el agresor regresara.
“Se levantó el informe de la situación y ya no estaba el sujeto ahí, se les explicó a los afectados los procedimientos y se les dejó el teléfono de la policía”, dijo el munícipe en entrevista para Azucena en Fórmula. Y agregó:
– No se volvió a presentar otro incidente en el sentido de que haya vuelto a hacer otro escándalo.
– Pero la mató, alcalde- le inquirió la periodista.
– Sí, la mató … pero nosotros como policía municipal estamos impedidos a actuar más allá de la flagrancia.
Eso es falso. Desde 2008, con la reforma en materia penal las policías municipales y estatales tienen facultades de investigación y la obligación de dar parte al ministerio público de cualquier denuncia en la que se suponga un delito: en este caso fueron agresiones físicas y acoso sexual. Ah, y al alcalde se le olvida otra cosa: desde que se incluye la perspectiva de género en la obligación del actuar de la policía -en este caso el acoso es un delito grave- se debe acompañar a la víctima para que el caso sea turnado al MP, y la misma policía iniciar una investigación de localización de la persona señalada como el agresor, algo que no se hizo a pesar de que Hilario tiene domicilio conocido en Cajeme y que era reconocido por quienes trabajaban ahí.
En el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que el hecho debió reportarse en un informe policial homologado que deben seguir las corporaciones, canalizar a las víctimas y seguir una indagatoria, aún así como policía local.
¿Cuál hubiera sido la historia si los municipales piden registro de cámaras y localizan al agresor dentro de sus facultades investigativas para hablar con él? No podían detenerlo porque no tenían una orden de aprehensión, pero lo hubieran desalentado a volver con un arma para matar a Alma. Una vez más no se actuó con perspectiva de género y una vez más vemos consecuencias fatales que nos duelen a todas las mexicanas y mexicanos.
Pero el sentido común o la inercia obedeció a que como no lo vieron en flagrancia, casi que la agresión no ocurrió, y por tanto se desdeñó el señalamiento de acoso sexual y agresión por parte de una mujer hacia un hombre potencialmente violento.
¿De qué protocolos habla el alcalde? ¿De ignorar el peligro de una mujer, en este caso dos mujeres, violentadas y una de ellas acosada sexualmente?
Ahora esperemos que se mantenga la clasificación de feminicidio, ya que la parte defensora está pidiendo la ampliación del tiempo de investigación para alegar homicidio, lo que tiene una pena menor al primer delito. En Sonora todo asesinato de mujer se clasifica como feminicidio y luego de las investigaciones, si fuere el caso, se reclasifica el delito. Si se aplica pues este principio, confiemos en que la ley prevalezca.
¿Qué más tiene que pasar para que las cosas cambien? ¿Qué más, así de claro, para que las autoridades tomen su parte y acepten su papel de prevenir la violencia y no solo reaccionar ante ella?
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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