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Por Sandra Romandía

En un movimiento que parece sacado de la obra de Maquiavelo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado tres reformas legislativas en los últimos días que parecen diseñadas no solo para ajustar cuentas, sino para consolidar una imagen de benevolencia y poder justo antes de las elecciones del 2 de junio. A través de un meticuloso juego de ajedrez político, estas reformas—la Ley de Amparo, la Ley de Amnistía y la reforma a las pensiones—despliegan una estrategia que mezcla la venganza con la ambición de popularidad política y propuestas populistas que podrían resonar con una parte del electorado pero que dejan entrever grietas profundas en la estructura democrática del país.

Primero, la reforma a la Ley de Amparo, aprobada apresuradamente en la Cámara de Diputados, es una jugada maestra en la lucha de poder entre el ejecutivo y el judicial. Esta ley, que ahora limita la capacidad de los jueces y magistrados para suspender de manera inmediata leyes potencialmente inconstitucionales, asegura que muchas de las obras más controversiales del sexenio—previamente señaladas por investigaciones periodísticas y activistas—proseguirán sin obstáculos legales inmediatos. En esencia, se reduce la protección colectiva y se cimenta una supremacía del ejecutivo sobre el judicial, un golpe bajo en cualquier libro de democracia.

Mujeres al frente del debate, abriendo caminos hacia un diálogo más inclusivo y equitativo. Aquí, la diversidad de pensamiento y la representación equitativa en los distintos sectores, no son meros ideales; son el corazón de nuestra comunidad.