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Por Sandra Romandía

¿Cómo es posible que la Secretaría de Marina autorice la concesión para la administración portuaria integral del Recinto Portuario y Zona Federal Marítima y, al mismo tiempo, sea la receptora de esa concesión pero con forma de empresa? ¿No representa esto un conflicto de interés evidente? ¿Cuál es el verdadero propósito detrás de esta operación que se gestó dos meses antes de la llegada del huracán Otis a Acapulco?

En una reciente investigación que publicamos en Emeequis titulada Acapulco: Semar se dio concesión de medio siglo, dos meses antes de Otis de la pluma de Esteban David Rodríguez, se evidencia esta situación. El panorama se torna más oscuro cuando se analiza el contexto de transferencia de atribuciones en materia portuaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina. Este cambio, decretado en 2020, puso a la Semar al mando de las administraciones portuarias, otorgándole el poder de dar concesiones y permisos. Una jugada estratégica que culminó en la creación de la "Administración del Sistema Portuario Nacional Acapulco, S.A. de C.V.", con la participación de la Semar y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

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