Respira
Por Sofia Guadarrama Collado
Cuenta la leyenda que al finalizar el sexenio, cada presidente de México solía dejar en la oficina presidencial tres sobres para su sucesor. El primero lo debía abrir al inicio de su mandato. El segundo al finalizar el tercer año. Y el último al terminar su gobierno.
El primer sobre decía: “Échame a mí la culpa de todos los problemas nacionales y ofrece soluciones”.
El segundo sobre decía: “Cúlpame a mí de todos los problemas y cambia a algunos miembros de tu gabinete”.
El tercer sobre decía: “Escribe tres notas con las mismas indicaciones para tu sucesor y déjalas en tres sobres”.
Es evidente que a Andrés Manuel López Obrador se le pasó la mano: principalmente responsabilizó a Felipe Calderón, luego a Carlos Salinas de Gortari, a Vicente Fox, a Ernesto Zedillo y Miguel De la Madrid. Y como ya es sabido, a Enrique Peña Nieto no lo tocó ni con el pétalo de una rosa.
De acuerdo con Luis Estrada —autor del libro El imperio de los otros datos y director general de SPIN— en 1,436 conferencias mañaneras, AMLO mencionó a Felipe Calderón un total de 2,121 veces; a Carlos Salinas de Gortari 1,933 veces; a Vicente Fox, 1,143 veces; a Ernesto Zedillo, 940 veces; a Miguel De la Madrid, 102 y a Enrique Peña Nieto 1,061 veces.
Claudia Sheinbaum Pardo apenas estaba leyendo su discurso de toma de posesión cuando repartió las primeras culpas a Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.
El mito de los sobres es evidentemente un chiste popular. Pero lo que sí es cierto es la necesidad de los presidentes de deslindarse de responsabilidades y de legitimarse. Una de esas formas ha sido arrestando a políticos corruptos de sexenios anteriores.
José López Portillo implementó una estrategia anticorrupción con la cual llevó a cabo la detención de funcionarios del sexenio anterior como Alfredo Ríos Camarena, ex secretario particular de la SRA, Félix Barra García, ex secretario de Reforma agraria, Eugenio Méndez Docuero, ex secretario de Comunicaciones y transportes y Fausto Cantú Peña, ex director del instituto del café.
Miguel De la Madrid emprendió una cacería de exfuncionarios del gobierno anterior. Comenzó con Arturo, “El Negro”Durazo, el amigo de la infancia de Luis Echeverría y José López Portillo y ex jefe de la policía del Distrito Federal. Se le sentenció por homicidios múltiples y fue condenado a tan sólo 16 años de prisión. Otros funcionarios que terminaron en la cárcel en el sexenio de Miguel De la Madrid fueron: el ex director general de PEMEX, Jorge Díaz Serrano; el subdirector general de Control del Banco Nacional de Crédito Rural, Miguel Lerma Candelaria.
Carlos Salinas de Gortari se fue en contra de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros, quien llevaba 28 años en el poder y designaba diputados, senadores, presidentes municipales y todo tipo de puestos en PEMEX.
Igual que muchos priístas, “La Quina”, se opuso a la candidatura de Carlos Salinas y se declaró abiertamente a favor de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Asimismo, financió la publicación de un libro titulado Un asesino en la Presidencia, escrito por José Luis González Meza, en el que se denunciaba el asesinato de una empleada doméstica —de 12 años, indígena e identificada como Manuela— en la casa de la familia Salinas de Gortari a manos de los niños Carlos y Raúl Salinas, mientras jugaban a “la guerra” y la fusilaban con un rifle calibre 22, caso que había sido publicado en diciembre de 1951 en Excelsior.
Guillermo de la Parra, editor del libro, fue acusado de evasión fiscal y encarcelado. El autor, José Luis González Meza, huyó del país. El 10 de enero de 1989, a las 9 de la mañana, soldados del Ejército llegaron a la casa del líder sindical, Joaquín Hernández Galicia, en Ciudad Madero Tamaulipas, y lo arrestaron por acopio de armas de uso exclusivo del Ejército. Hernández Galicia fue condenado a 35 años de prisión por posesión ilegal de armas, pero salió de prisión en 1997.
El 28 de febrero de 1995 Raúl Salinas de Gortari —hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari— fue arrestado, según su testimonio, con una orden de aprehensión falsificada, por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, según se rumora, por órdenes del entonces presidente Ernesto Zedillo.
Vicente Fox Quesada fue el primer presidente de México que no salió de las filas del PRI. Llegó a la presidencia con 42.52 % de los votos, por lo tanto, no tuvo que dar ningún manotazo en el escritorio para legitimar su llegada a Los Pinos.
Felipe Calderón Hinojosa asumió la presidencia con el 35.89 % , 0.5 % arriba de los votos que había obtenido Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, los obradoristas aseguran que, para legitimarse, Felipe Calderón emprendió la guerra contra el narco, algo que no necesitaba, pues cuando él tenía seis meses en el cargo, la empresa Opina S.A de C.V. realizó una encuesta en la cual preguntaron: “Para usted, ¿quién es ahora el Presidente legítimo de México?” La encuesta arrojó que Calderón tenía 93.1 % y López Obrador el 4.8 %.
El 26 de febrero de 2013, la lideresa del sindicato de maestros de México(SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, fue acusada de desviar recursos públicos por más de 200 millones de dólares y fue detenida en el aeropuerto de Toluca. Muchos aseguraron que Enrique Peña Nieto necesitaba legitimarse ya que una vez más, AMLO había mostrado inconformidad con los resultados de las elecciones.
López Obrador, al igual que Fox Quesada no necesitaba legitimarse, sin embargo, aún no tomaba posesión cuando anunció que cancelaría el aeropuerto de Texcoco. Junto a él yacía un quinteto de libros, sobre el cual resaltaba el título ¿Quién manda aquí? La crisis global de la democracia representativa, de Felipe González, Gerson Damiani y José Fernández-Albertos. López Obrador se ha distinguido por enviar mensajes no verbales, como éste.
Y también otros —de los cuales, igual que Poncio Pilatos, se lava las manos—, como el arresto de Rosario Robles, el 13 de agosto del 2019, por su presunta participación en el caso La Estafa Maestra.
El 28 de mayo de 2019, fue girada una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya Austin, por los presuntos sobornos que la constructora Odebrecht realizó durante su periodo como director de Pemex. El 12 de febrero de 2020 fue detenido en Benahavís, provincia de Málaga, España y en julio de 2020 fue extraditado. Fue vinculado a proceso y liberado en enero de 2022.
El 19 de agosto de 2022, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam fue detenido en la Ciudad de México, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia por el caso de los estudiantes desaparecidos de Iguala, en 2014.
Lo injusto de la “justicia a la mexicana” es que ésta se aplica a discrecionalidad. En el sexenio de AMLO jamás investigaron por corrupción al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz, a la directora de Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara; a David León, quien había sido grabado entregando dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República; a Irma Eréndira Sandoval, a su hermano Pablo Amílcar Sandoval y a su esposo John Ackerman; Alejandro Esquer Verdugo, secretario Particular de AMLO; Carlos Lomelí Bolaños, ex delegado federal en Jalisco; ni mucho menos a Ignacio Ovalle Fernández, por el desfalco de 12 mil millones de pesos en SEGALMEX.
Ahora bien, con 35 millones de votos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no necesita de ningún chivo para expiar sus pecados. ¿O sí? Ella sabe que gran parte de su gabinete responde a López Obrador y que, sin duda, le están informando cada decisión que ella toma. El manotazo sobre el escritorio tendrá que ser dirigido hacia afuera del partido MORENA y muy probablemente sea contra la SCJN, la cual ya admitió a trámite la consulta que busca impugnar la Reforma Judicial.
Como ya es bien sabido, el problema entre la SCJN y la presidencia es político y no jurídico. Se trata de una venganza de López Obrador contra la ministra Norma Piña.
¿Se puede invalidar la reforma por vicios del procedimiento?
Sí. Aunque sólo se pueda impugnar el procedimiento legislativo.
¿Se animará la Corte a hacerlo?
Tal vez.
¿Claudia Sheinbaum acatará la decisión?
No. El 7 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum anunció las leyes secundarias a la Reforma Judicial y envió una iniciativa de reformas para definir la elección de jueces, ministros y magistrados.
Todo parece indicar que el 16 de octubre se publicará la convocatoria y la presidenta no sólo dará el manotazo más grande de la historia en el escritorio presidencial, sino que también violará la Constitución con todo descaro.
Por donde se le vea, la corte lleva todas las de perder.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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