Por Sofía Pérez Gasque

Hoy te quiero hablar sobre un tema que nos toca a todos y todas: la economía informal en México. Este fenómeno no es solo un conjunto de estadísticas frías; es un reflejo de las desigualdades y retos que enfrentamos como sociedad. Actualmente, cerca del 55.1% de la población trabajadora se encuentra en la informalidad, lo que significa que más de 32 millones de personas están expuestas a condiciones laborales precarias y sin acceso a los beneficios que brinda un empleo formal. Esta situación no solo afecta a las personas trabajadoras, sino que también frena el crecimiento económico y limita el desarrollo de nuestro país. 

Las y los trabajadores informales suelen carecer de seguridad social, prestaciones laborales y acceso a servicios de salud. Esta precariedad laboral crea un círculo vicioso de pobreza y desigualdad, perpetuando las brechas sociales en México. De hecho, el ingreso promedio de una persona trabajadora formal es de 8,052 pesos mensuales, mientras que el de una persona informal apenas alcanza los 4,279 pesos. Esta diferencia no es solo un número; se traduce en menor calidad de vida y oportunidades para millones de familias mexicanas. 

Los negocios informales también tienen un impacto significativo en nuestra economía. Aunque representan alrededor del 24% del PIB, su contribución se ve limitada por la falta de regulación y apoyo. Según la OCDE, solo se recauda el 30% de los impuestos que deberían recaudarse debido a la informalidad, lo que afecta la capacidad del Estado para financiar bienes públicos y redistribuir ingresos de manera justa. 

Además, la informalidad laboral es un obstáculo para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. En estados del sur como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla, la informalidad supera el 70%, mientras que en el norte, como en Nuevo León y Baja California, apenas supera el 40%. Esta disparidad territorial resalta cómo la informalidad afecta de manera desigual a las diferentes regiones de nuestro país, profundizando las desigualdades. 

Sin embargo, no todo está perdido. La economía informal es un desafío complejo que requiere una respuesta integral y coordinada por parte del gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Si trabajamos juntas y juntos , podemos construir un México más justo y equitativo, donde todas las personas trabajadoras tengan acceso a oportunidades y a una vida digna. 

Para abordar el problema de la informalidad, es esencial implementar políticas públicas integrales que incluyan: 

● Simplificación de trámites: Reducir la burocracia y los costos asociados a la formalización de las empresas.

● Acceso al crédito: Facilitar el acceso a financiamiento para los pequeños negocios informales, que son el motor de muchas comunidades. 

● Capacitación: Ofrecer programas de capacitación para mejorar las habilidades de las personas trabajadoras informales, dándoles herramientas para acceder a empleos formales. 

● Incentivos fiscales: Implementar incentivos fiscales para las empresas que formalicen a sus trabajadores y trabajadoras. 

● Combate a la corrupción: Fortalecer el estado de derecho y combatir la corrupción para crear un entorno empresarial más favorable. 

La informalidad es una sombra que se extiende sobre nuestra economía, limitando su potencial y condenando a millones de personas a la precariedad. Pero si queremos avanzar hacia un futuro más próspero, es fundamental reconocer la importancia de formalizar el empleo y brindar las herramientas necesarias para que todos y todas puedan contribuir al desarrollo del país. 

Con un enfoque en la formalización, no solo mejoraremos las condiciones laborales, sino que también fortaleceremos la economía en su conjunto, creando un ciclo virtuoso de crecimiento y bienestar para todas y todos. Juntos, podemos transformar la informalidad en oportunidades, construir un México más inclusivo y asegurar que cada persona tenga la posibilidad de prosperar.

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