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Seis estados tuvieron una jornada electoral este domingo 5 de junio: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas eligieron nuevo titular para su gobierno estatal; dos de estas entidades tendrán una gobernadora, Aguascalientes, con Tere Jiménez de la alianza del PAN-PRI-PRD, y Quintana Roo con Mara Lezama de la alianza encabezada por Morena. Además de las elecciones para la gubernatura, Durango tuvo elecciones municipales en sus 39 municipios, y Quintana Roo para definir la integración de la legislatura local. En total, 13 de la lista nominal nacional tuvo la oportunidad de votar; Morena y aliados gobernarán entre 21 y 23 estados, dependiendo de los resultados definitivos que arrojen los cómputos y según definan los tribunales.

En este contexto, hay –al menos– tres preguntas que vale la pena explorar incluso antes de conocer los resultados oficiales de las contiendas:

  1. ¿Fueron elecciones violentas?
  2. ¿Son estas elecciones estatales un indicio de lo que debemos esperar en 2023 y 2024?
  3. ¿Cuántas de estas elecciones se definirán en tribunales?

Respecto a la violencia, comparado con la experiencia de 2021, en donde 15 estados cambiaron de titular del ejecutivo federal y se registraron 239 incidentes de violencia política extrema y 299 víctimas mortales, de acuerdo con datos de Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia, este año no estamos en la misma circunstancia. Tal como lo ha mencionado Alejandro Hope, especialista en seguridad, las elecciones más vulnerables para este tipo de violencia son las municipales, así que habremos de esperar a que la prensa local en Durango nos reporte los hechos con mayor detalle.

En esta jornada electoral, entre los hechos fuera de lo previsto (es un decir) destacan dos: la intervención de las autoridades en la que detuvieron en Durango a cinco personas acusadas de ser operadoras electorales de Morena en posesión de dinero cuya procedencia no podían acreditar y que con la intervención personal de la candidata a gobernadora se incrementó la cobertura del caso; y el puñado de incidentes (menos de 20) en todos los estados, sobre todo en Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, en los que la votación se suspendió de manera temporal por brotes de violencia en las casillas, según el INE.

El resto de los incidentes fueron pacíficos y no tuvieron un impacto en cómo la gente percibe la violencia en el contexto electoral: las 22 casillas que no pudieron ser instaladas en Oaxaca y las 12 casillas que fueron movidas de lugar con causa justificada ante la autoridad electoral en Oaxaca, Quintana Roo y Durango.

¿Por qué es relevante que no se experimente ni perciba violencia durante la jornada electoral; es decir, el mero día de la elección o en los días previos?

Porque de ello depende que la gente salga a votar. Esto no quiere decir que la presencia del crimen organizado no se haya venido documentando por medio del trabajo periodístico. De los hechos registrados el año pasado en elecciones locales, son relativamente pocas las denuncias judiciales que se hicieron de casos de secuestro, por ejemplo, de personas candidatas en estados como Sinaloa, porque el miedo de las víctimas y la impunidad imperante son evidentes. De ahí que la estadística oficial sea baja, sobre todo en términos de delitos electorales vinculados a levantones, secuestros, y otro tipo de amenazas hacia las y los candidatos.

Pero el hecho de que el día de la jornada no hubieran hechos violentos de mayor envergadura en las casillas o en la calle refleja dos cosas: que las personas salimos a votar con gran confianza en las instituciones electorales y en nuestra propia organización ciudadana; y que la participación ciudadana no está, hasta ahora, en riesgo. Es decir, habrá diferencias en participación electoral entre estados como Tamaulipas, Quintana Roo, Durango o Aguascalientes, donde tradicionalmente la participación electoral es baja, y Oaxaca e Hidalgo donde la participación electoral es históricamente mucho mayor. Pero la lección de este domingo es que no será la presencia de violencia en la calle la que detenga a la gente.

Muy por el contrario, el reto para 2023 y 2024 radica en que las coaliciones, frentes y partidos puedan convencer al electorado de salir a votar. En 2022, aprendimos que en los estados donde hubo mayor participación en la revocación de mandato, mayor porcentaje de votos a favor de Morena se recibieron en la jornada de este domingo, según me lo hizo ver Alejandro Poiré. Es decir, la participación electoral sí viene de la movilización, al menos en algunos estados. Y en Aguascalientes y Durango, estados con una participación electoral menor al 11% en la revocación de mandato, que era una causa personalísima del presidente de México y líder moral de Morena, son justamente los estados donde se augura que no ganará Morena en las elecciones para la gubernatura de ayer.

Fuente: páginas de los PREP locales de cada entidad federativa, resultados de los conteos rápidos publicados por el INE y plataforma de resultados del ejercicio de revocación de mandato del INE.

Tomando como termómetro la evidencia electoral de este año, podemos considerar que el próximo año, con elecciones en el Estado de México, entidad con 12.2 millones de personas en su listado nominal, y en Coahuila (2.2 millones más), tendremos una contienda cargada potencialmente hacia Morena en el Edomex y pero incierta en Coahuila, con la salvedad de que ninguno de estos dos estados la participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato fue mayor al promedio nacional (17.8% de la lista nominal). En ese sentido, habrá que ver si los escándalos de corrupción de Delfina Gómez durante su gestión como alcalde en el Edomex tendrán algún costo para Morena en el estado; o si la pugna familiar entre los Moreira (PRI) en Hidalgo tendrá impacto en la elección del próximo año en Coahuila.

En resumen, la película para esta elección ya la habíamos visto sin darnos cuenta desde el 10 de abril que se celebró la revocación de mandato, pero no todos los dados están echados para el 2023 ni para el 2024. Y salvo que temas como la inflación, el olvido y la pobreza en estados como Oaxaca e Hidalgo, con elecciones este pasado domingo, pero también en Chiapas, Guerrero, Puebla; o la violencia homicida como la que viven zonas de Tamaulipas, Durango, Sinaloa, pero también Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Edomex e incluso CDMX hagan mella en las preferencias electorales, la gente sigue esperanzada que con AMLO todavía vale la pena ser optimistas.

Así lo vemos en la encuesta de confianza al consumidor, que tal como procesa la data México, ¿cómo vamos?, puede apreciarse que la gente la pasa mal porque no le alcanza para comprar lo que necesita en el presente, pero tiene grandes esperanzas en que en los próximos 12 meses ahora sí a México y a su economía le irán mejor.

La buena noticia para la oposición, es que esa esperanza está vinculada al presidente López Obrador, no necesariamente a su partido, y que su sexenio se acabará pronto. Por eso es tan importante movilizar a la gente, que salgan a votar, por quien quiera cada consciencia, pero que salgan.

La buena noticia para Morena es que entre las propuestas de la oposición aún no se vislumbra una mejor alternativa de oportunidades reales o de esperanzas mesiánicas que puedan vencer al halo de lopezobradorismo que todavía emane el presidente en junio de 2024.

Cierro con un augurio de cuántas de las seis elecciones locales de este año acaben por resolverse en tribunales: Morena dice que ganó en 5 de 6 estados, pero impugnará el único estado en el que reconoce que no (Aguascalientes). De los tres estados en los que la alianza encabezada por el PAN va al frente, según el propio PAN, dos (Tamaulipas, que según el conteo rápido se prevé triunfo de Morena- y Durango, que sí se prevé un triunfo del PAN y aliados) -al cierre de esta edición- no parecen tener un margen tan pequeño (menor a 5 puntos porcentuales) como para impugnar, y más bien los resultados en Tamaulipas parecen decantarse a favor de Morena.

Pero en lo que sí podrá impugnar con gran evidencia la alianza encabezada por el PAN, será que en prácticamente todos los estados hubo injerencia de funcionarios federales en activo en las campañas y actos de proselitismo -como el secretario de gobernación, Adán Augusto López, y la secretaria de energía, Rocío Nahle- en franca violación del artículo 41, tal como lo documenta Jaime Talancón, experto de Transparencia Electoral.

Constitución Política, artículo 41: … La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:
  1. Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;
  2. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;
  3. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

Veremos muchas impugnaciones, sin duda, pero no por ello todo se decidirá en tribunales. Aprendamos la lección: el nombre del juego se llama participación ciudadana y confianza. Que los partidos sean malos perdedores no es sorpresa, ni que el crimen organizado esté cada vez más interesado en aprobar o bloquear candidatas y candidatos que no estén dispuestos a tener una pax narca. Sin duda hay muchos pendientes en estos rubros. Pero no soltemos lo que tenemos: que la gente que salga a votar no tiene precio, y es la única oportunidad para la alternancia, tanto de un lado como de otro.

@Sofia_RamirezA

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