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Inflación en alimentos: ideas frescas para contener los efectos
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Por Sofía Ramírez Aguilar

Desde el lunes 25 de abril, el presidente López Obrador ha venido anunciando un pacto para “combatir” la inflación en bienes de primera necesidad y acabar con la “carestía”. Hace al menos cinco semanas había trascendido que empresarios, tanto del sector agropecuario como de la industria de los alimentos, habían iniciado un diálogo con el gobierno federal para buscar opciones ante el incremento generalizado de los precios al consumidor, que en la primera quincena de abril volvió a sorprender al ser la más alta en 21 años, y una inflación general anual de 7.72%, pero con incrementos de alimentos preparados del doble (14%), y de tortillas de maíz por encima de 17%.

Ante las restricciones que la Ley Federal de Competencia impone para fijar precios máximos así sin más, el gobierno se inspiró en los pactos del siglo XX y convenció a algunas grandes empresas para que se autocontuvieran y no elevaran precios de 24 bienes de consumo básico: granos y cereales, frutas y hortalizas, proteínas animales y leguminosas, así como artículos de higiene personal como jabón de tocador y papel del baño.

La buena noticia fue que el gobierno respetó la ley: no se fijaron precios tope y, con ello, el riesgo de un mayor desabasto y mayores disgustos con el sector privado se diluyeron. Sin embargo, el gobierno tampoco ofreció soluciones particularmente creativas para focalizar los esfuerzos en beneficiar a los hogares más pobres, esos que ya pasaban hambre incluso antes de la guerra en Ucrania.

Si bien nuestro espacio fiscal tiende a cero, el gobierno puede revalorar sus prioridades y reconocer que al cierre del primer trimestre de 2022 aún no estamos a niveles prepandemia en actividad económica, pero tampoco veníamos de la panacea en términos del crecimiento y desarrollo. No habrá fortalecimiento de la Hacienda pública sin crecimiento, y si más adelante se quiere incorporar un subsidio para garantizar un descuento en bienes de primera necesidad, tal como lo planteó ante medios el secretario de Agricultura federal antes del anuncio del presidente, el gobierno necesitará recursos.

A continuación algunos apuntes sobre las acciones y reacciones presidenciales para considerar pasados los seis meses del programa anunciado hace unos días, un poco más ambicioso:

Primero, cada vez que el presidente dice que la inflación se combate está siendo impreciso. El crimen organizado se combate, la inflación se mide y la política monetaria busca salvaguardar el poder adquisitivo de nuestra moneda. Sin embargo, sugerir que mayores tasas de interés son malas noticias para la economía mexicana no le facilita la chamba al Banco de México, y lo hace justo unos días antes de que se vaya a anunciar un nuevo incremento en la tasa de medio punto porcentual. El Banco está haciendo su trabajo; el presidente debería promover la confianza que la gente tiene en su banco central.

Segundo, la autosuficiencia alimentaria sólo se logra con una mayor productividad del sector agropecuario, que es apenas 4% de nuestra economía, y necesita alimentar a más personas, no sólo a quien lo siembra. Para ello, necesitamos incrementar la inversión, bien sea por medio de una mayor cobertura de sistemas de riego más eficientes para los pequeños productores, que a la par pueda dispersar fertilizantes. Cofepris podría acelerar los trámites sobre moléculas que permitan incrementar la producción de granos y cereales, tanto de consumo humano como animal. El plan actual ya contempla aprovechar fertilizantes orgánicos y subsidiarios para pequeños productores, pero no programas de inclusión financiera e inversión de la banca de desarrollo para que cada productor aumente sus posibilidades de éxito.

Tercero, necesitamos incrementar la oferta de productos agrícolas y pecuarios, pero los tiempos de cosecha corren y hemos perdido ya la primavera y el verano. Sin embargo, aún en caso de enorme éxito del plan vigente, con costos reducidos por peajes y uso de sistemas ferroviarios, las cosechas tomarán hasta 18 meses antes de reflejar un incremento de productos de consumo en el mercado y, por tanto, contener el aumento de precios. Sin embargo, la gente come diario y no podemos esperar un año y medio para ver resultados. La inversión no es magia y urge hablarle a la gente con verdad y explicarle al público los alcances de las múltiples intervenciones que existen dentro del plan.

De manera contraintuitiva, para muchos de mis colegas economistas, no hay evidencia de que en México el aumento al salario mínimo o la asignación de transferencias focalizadas a los hogares más vulnerables —cuyo ingreso promedio equivale en su totalidad al costo de una canasta básica para una sola persona, cuando en los hogares viven en promedio cuatro— provoque incrementos significativos en la inflación, que por ahora proviene de la oferta y no de la demanda. Si no hay dinero para intervenciones que permitan que todos coman, hay que reasignar fondos de otros proyectos cuyo retorno prevemos que no sea tan alto. Así de fácil.

Finalmente, un apunte para todas: corren tiempos electorales. El hambre es una mala aliada de la democracia. En una situación tan comprometedora, donde la inflación se mantendrá alta de aquí a junio que se voten seis gubernaturas, el presidente necesita una salida de emergencia, así sea la de culpar al sector privado del fracaso de su propio plan. Toca seguir insistiendo en mejores acciones, en beneficio de la gente, del pueblo, pero, sobre todo, de los más pobres.

@Sofia_RamirezA

Sofía Ramírez Aguilar es maestra en economía por el ITAM y directora general de México, ¿Cómo Vamos?


Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.


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