Sofía Ramírez Aguilar
La pandemia afectó desproporcionadamente a las personas más vulnerables. La pregunta es: ¿por qué?
Sin duda, las personas con mala alimentación y sin cuidados preventivos a su salud, en parajes alejados de hospitales de alto nivel y con recursos económicos limitados debieron aceptar la atención médica disponible. Estas personas tuvieron además poco margen para procurar un mejor cuidado a su familiar, tal como lo concluyen Eva Arceo y sus colegas (2021): una persona del 10% más pobre (menores ingresos) tiene cinco veces más probabilidades de morir de Covid-19 que una del 10% más rico en México.
En el otro lado del espectro, aun lugares con un alto ingreso por habitante y gran concentración hospitalaria, como la Ciudad de México (CDMX), experimentaron una rápida y sostenida saturación del sistema de salud, y registraron gran cantidad de fallecimientos en poco tiempo, tanto por Covid-19 como por otros padecimientos o situaciones de emergencia, como partos y enfermedades durante el puerperio. Además, dada la estructura del mercado laboral de la ciudad, muchas personas que ahí trabajan viajan con regularidad en un transporte público saturado desde otros estados –Puebla, Estado de México, Morelos, entre ellos–, por lo que los largos trayectos en espacios públicos cerrados fueron sin duda un factor de contagio.
La pregunta que hasta ahora no nos habíamos hecho es: ¿qué tan grandes fueron los estragos de la pandemia sobre el bienestar?
Al utilizar el Índice de Progreso Social de México, ¿cómo vamos?, que mide tanto el bienestar como la cantidad y calidad de bienes y servicios a los que las personas tienen acceso, así como su capacidad de disfrutarlos, sabemos que el impacto de las muertes en los hogares fue más que proporcional. Entre otras cosas, debido a que la gran mayoría de los fallecidos por Covid-19 son hombres y en México los proveedores principales son ellos, pues ganan en promedio más que las mujeres por el mismo trabajo y ocupan puestos con mejores prestaciones; en consecuencia, hubo un deterioro en los ingresos familiares.
En los casos del fallecimiento de madres de familia, el impacto fue en la tasa de enrolamiento y aprovechamiento escolar de los menores en el hogar, pues ocho de cada 10 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria estuvieron asistidos por una mujer en su casa durante los confinamientos, según datos del Inegi. Además, el fallecimiento de las abuelas tuvo un impacto directo en la posibilidad de que las madres pudieran salir a trabajar (Talamas, 2021), lo que redujo el ingreso laboral del hogar.
Adicionalmente, el exceso de mortalidad impactó el bienestar según el Índice de Progreso Social (IPS) por el incremento en las tasas de muertes por causas distintas al Covid-19, tanto en enfermedades preexistentes como en la atención a mujeres embarazadas y parturientas, así como por la falta de atención a la salud mental durante la pandemia. Del IPS sabemos lo siguiente:
1. Por cada incremento de un punto porcentual en el exceso de mortalidad registrado se perdieron cuatro puntos en el Índice de Progreso Social, que tiene una escala de 0 a 100 puntos.
2. La mortalidad por diabetes y enfermedades circulatorias aumentó en las 32 entidades federativas entre 2019 y 2020, con incrementos porcentuales muy destacables en el Estado de México, Tlaxcala, Chiapas, Chihuahua, Puebla, Tabasco y CDMX.
Los errores derivados del caos pandémico en el registro de los fallecidos ocasionaron que no hubiera un diagnóstico de Covid-19 en todos los casos y por tanto en alrededor de 130 mil registros la causa de defunción dice diabetes, enfermedades circulatorias o influenza. También hubo una merma en la capacidad de atender emergencias. Muestra de ello es el incremento que reporta el Inegi de casi 10 puntos porcentuales entre 2019 y 2020 de las personas que murieron en su casa por ataque al corazón, al pasar de 63% a 73% de las muertes por esa causa.
3. Las muertes menos mencionadas en la agenda pública fueron las de mujeres embarazadas y en parto, así como las de infantes de menos de un año. En ambos casos, entre 2019 y 2020 estas muertes aumentaron en 29 entidades.
4. La tasa de suicidios aumentó en 24 estados entre 2019 y 2020, con el incremento más importante en CDMX, donde casi se duplicaron los casos. En estados como Chihuahua, Colima, Oaxaca, Nayarit y Morelos también aumentaron considerablemente. Sin embargo, debido a la calidad heterogénea de los registros administrativos locales, la violencia homicida puede aparecer diluida con esta estadística.
5. La esperanza de vida aumentó ligera y sorpresivamente en las 32 entidades federativas entre 2019 y 2020, lo cual se explica porque la Covid-19 provocó la muerte de personas de edad más avanzada y en menor medida entre jóvenes. Sin embargo, el menor incremento se dio en la CDMX y en Aguascalientes, entidades con un alto progreso social en general. En contraste, entre 2015 y 2018 la esperanza de vida cayó en 20 estados por el incremento en la violencia homicida en 28 de estos, sobre todo entre adolescentes y adultos jóvenes.
6. Entre 2019 y 2020, la presencia del crimen violento aumentó en 22 estados, pero la tasa de homicidios “sólo” se incrementó en nueve entidades, lo que puede explicarse por la merma en la cantidad y en la calidad de los servicios de atención a la ciudadanía, por el abandono de las tareas de patrullaje y la menor presencia de la autoridad civil en las calles.
En resumen, la pandemia afectó en mayor medida a los más pobres (Monroy-Gómez-Franco, 2021), ya fuera en las entidades más ricas pero con grandes desigualdades sociales, como la CDMX o Chihuahua, debido a la mayor precariedad laboral y menor calidad de vida para un amplio grupo de personas, pero también afectó mayormente a las personas en estados con grandes rezagos y pobreza generalizada, como Chiapas, Oaxaca y Tabasco, puesto que muchos pacientes tenían ya deficientes condiciones de salud prevalecientes y una mala calidad e insuficiente provisión de servicios públicos en su entidad.
@Sofia_RamirezA
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