La luz de la transparencia en la oscuridad de Ayotzinapa: un reconocimiento al periodismo persistente

Por Soledad Durazo

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La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es una herida abierta en el corazón de México. A lo largo de los años, este caso ha sido un símbolo de las luchas y fracasos del país en materia de derechos humanos, seguridad y justicia. Sin embargo, ha sido también un testimonio de la incansable búsqueda de la verdad por parte de los periodistas y la importancia crucial de organismos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Desde el inicio, la cobertura mediática de Ayotzinapa ha enfrentado grandes obstáculos. La confusión inicial en torno a los hechos, las respuestas evasivas de las autoridades y las múltiples versiones del incidente demostraron la complejidad del entorno en el que los periodistas mexicanos deben operar. Sin embargo, lejos de callarse ante el desafío, el periodismo mexicano no desistió.

Y ejemplos hay muchos; sin embargo, derivado de una entrevista que recientemente realicé para un proyecto editorial a la periodista Zorayda Gallegos voy a referirme al trabajo que ella y Silber Meza llevaron a cabo y que en su momento fue publicado en El Universal.

El principal obstáculo con el que se enfrentaron, fue la negativa por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para desclasificar documentos, bajo el argumento de que se trataba de una investigación en curso.

Los periodistas no se dieron por vencidos y pusieron un recurso ante el INAI el cual resolvió de manera favorable porque se trataba de un tema en el que se lastimaban los derechos humanos. Se marcaba entonces  un precedente en materia de transparencia porque “es la primera vez que una averiguación previa abierta y relacionada con violaciones a los derechos humanos se pone a disposición del público", publicaba en aquel entonces la nota en portada.

Ante esta resolución la PGR tuvo que ceder y remitió a los investigadores a pagar por las más de 50 mil fojas del expediente. Su situación -freelance- hacía imposible poder cubrir el costo y nuevamente la terquedad los lleva a inconformarse; otra vez el Instituto de transparencia impulsa el acceso a la información y ordena la digitalización de los documentos.

Finalmente el expediente pudo ser consultado - después de casi un año de persistente búsqueda- por estos y otros reporteros.

No fue poco lo que lograron revelar a la opinión pública pues estos documentos han sido esenciales para construir una narrativa fundada en evidencias y no en retóricas vacías. Solo voy a  citar unos ejemplos de los hallazgos: 

• La manipulación de pruebas en la escena del crimen, como la siembra de casquillos de bala.
• La detención arbitraria y tortura de testigos.
• La inacción del Ejército que monitoreó la desaparición de los estudiantes,  sin intervenir.
• El intento de soborno del alcalde José Luis Abarca, quien ofreció dinero y un automóvil para evitar su detención.

El hecho de que la información saliera a la luz pública permitió a otros periodistas y activistas continuar cuestionando la "verdad histórica" del gobierno del entonces presidente  Enrique Peña Nieto (2012-2018), desafiando la narrativa oficial.

La desclasificación del expediente fue clave para debilitar la versión del gobierno que afirmaba que los estudiantes habían sido incinerados en Cocula. Documentos del Servicio Meteorológico Nacional y revelados por los periodistas, mostraron que la noche del 26 de septiembre de 2014 llovió en la zona, lo que hacía poco probable que el incendio hubiera ocurrido como se describía. Además, se descubrió que los cuerpos de los normalistas nunca habían sido plenamente identificados, ya que no había suficientes pruebas de ADN en las supuestas cenizas encontradas en el basurero.

En conclusión, este caso subraya el valor del periodismo tenaz y el poder de las leyes de transparencia como herramientas clave contra la opacidad del Estado, resaltando la necesidad constante de vigilancia y presión pública para asegurar la rendición de cuentas en una sociedad democrática. La persistencia periodística, apoyada por mecanismos legales de acceso a la información, ha probado ser fundamental en la batalla continua por esclarecer la verdad y fomentar la justicia en el caso Ayotzinapa.

En su terquedad, hay esperanza; en su trabajo, hay futuro.

Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.