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Por Sonia Garza González

La economía lineal, también conocida como economía take-make-waste (“tomar-hacer-desechar”), ha ocasionado diversos perjuicios; no toma en cuenta el cuidado del medio ambiente ni el daño que puede provocar a las personas. La extracción y el consumo de recursos naturales, como minerales, combustibles fósiles y agua, está llevando a su agotamiento. Esto provoca daños a los ecosistemas, pérdida de biodiversidad, degradación de hábitats e incentiva una conciencia poco responsable de consumo.

Con la estrategia de la “obsolescencia programada”, la cual consiste en diseñar productos para que se deterioren o queden obsoletos de forma intencional y a corto o medio plazo, el objetivo es que los consumidores compren nuevos productos o actualizaciones. Y esto, sin menoscabo, es un detonador de consecuencias negativas para el medio ambiente y para los consumidores.

Ejemplos claros de ellos tenemos que celulares, computadoras, tabletas, impresoras, lavadoras, secadoras de cabello, microondas, refrigeradores y pantallas son aparatos casi indispensables para la vida diaria que fallan frecuentemente a mediano plazo y sin razón aparente. En ocasiones es demasiado caro repararlos, otras veces es imposible encontrar la pieza de repuesto o fueron diseñados para no ser desmontados. Y, por lo tanto, deben comprarse. 

Algunos datos abrumadores que dan cuenta del consumo irracional ―obligado y al mismo tiempo inconsciente― se citan a continuación: De acuerdo al Circularity Gap Report 2022, en solo 50 años, el uso global de materiales casi se cuadruplicó, superando el crecimiento de la población. En 1972, cuando se publicó el informe Los límites del crecimiento del Club de Roma, el mundo consumía 28 600 millones de toneladas; para el 2000, este había aumentado a 54 900 millones y, a partir del 2019, superó los 100 mil millones. El aumento de los niveles de residuos acompaña a la rápida aceleración del consumo: en última instancia, más de 90 % de todos los materiales extraídos y utilizados se desechan; o, por otro lado, solo 8.6 % se reintegra a la economía. Y todas estas situaciones están empeorando.

En países como Francia, la obsolescencia programada es un delito, por lo que los fabricantes están sometidos a criterios de durabilidad, para lo cual deben establecer estándares de medición, prueba y verificación. Un caso emblemático fue cuando a finales de 2017, la organización francesa Halte à l’ Obsolescence Programmée (HOP por sus siglas en francés) llevó a tribunales franceses a los fabricantes HP, Canon, Brother y en particular a Epson por limitar la vida útil de las impresoras.

En México, a partir del 2021, ya contamos con la Ley General de Economía Circular, la cual pretende reducir el impacto ambiental derivado de las actividades económicas, minimizar el desperdicio de materiales y disminuir el consumo de materias vírgenes a través de la reutilización, el reciclaje y el rediseño. Un principal antecedente a la Ley fue el Acuerdo nacional para la nueva economía del plástico en México elaborado en el 2020 por empresas del giro industrial con el objetivo principal de identificar acciones para eliminar envases y empaques innecesarios que perjudican el medio ambiente y, por ende, a la humanidad.

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