Respira
Por Sonia Serrano Íñiguez
En diciembre de 2014, las autoridades del municipio de Tonaya, ubicado en la zona Sierra de Amula, en Jalisco, informaron que las obras de remodelación de la plaza principal tenían un 50 por ciento de avance. La realidad fue que un mes antes derribaron todo lo que había en ese espacio y dejaron un gran terreno de tierra, porque los recursos ya no alcanzaron para la otra mitad, que era la reconstrucción. Durante meses, los habitantes tuvieron que acostumbrarse a ensuciarse los pies, y los comercios del centro pagaron las consecuencias.
Seguramente las autoridades de Tonaya consideraron que la plaza principal ya no era funcional o no era tan bonita. ¿Pero era necesario destruir lo que había?
La historia viene a cuento porque parece que algo similar ocurre con la reforma al Poder Judicial. Como la plaza de Tonaya, fue derribada su estructura tal como la conocíamos, lo que podría significar la mitad del trabajo. El problema es la falta de planeación, la falta de recursos y la incertidumbre sobre su reconstrucción.
¿Los cambios en el Poder Judicial eran necesarios? Sin duda, la respuesta es sí. Tan solo por hablar de la materia penal, según datos de la organización Impunidad Cero, en México el 90 por ciento de los casos no se resuelven.
La falta de justicia en México y las dificultades para acceder a ella son un punto toral para buscar los cambios. El problema es que, en la polarización política, no se dio esa discusión. Al cerrarse el diálogo entre gobierno y oposición, no hubo planteamientos que permitieran una revisión sobre las necesidades reales y las fallas en el funcionamiento de la administración de justicia.
Es cierto, como argumentan quienes se oponen a la reforma, que la corrupción no es exclusiva del Poder Judicial y que también hay funcionarios judiciales honestos. Sin embargo, aun con estos matices, la justicia sigue siendo inaccesible.
También es cierto que una parte importante de la impunidad y las dificultades para tener acceso a la justicia está relacionada con el trabajo de policías y fiscalías, así como de los poderes judiciales en los estados, sumado a la intervención de los políticos en los juicios en los que tienen interés. Pero ese argumento tampoco sirve para resolver el problema, porque, para llegar a la instancia federal, tras un proceso del fuero común, se necesitan recursos económicos. Eso deja fuera a la mayor parte de los mexicanos.
La justicia que tenemos no nos sirve y es, sin duda, una de las razones por las que la inseguridad, la violencia y la corrupción son parte de nuestros días. Como la plaza de Tonaya, ya fue derribada. El problema ahora es si se tienen los recursos, y no me refiero solo a los económicos, para construir un mejor Poder Judicial.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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