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Por Sonia Serrano Íñiguez

En el cierre del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez en Jalisco, el Congreso del estado aprobó una polémica reforma con dedicatoria personal para proporcionar seguridad, con cargo a los recursos públicos, a quien ocupó la jefatura de gabinete, actualmente diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC), Hugo Luna Vázquez.

En la reforma también se agregó que los viáticos de los escoltas serán cubiertos con recursos públicos, un cambio en la ley que parece beneficiar directamente al gobernador, pues en algunas ocasiones ha señalado que una vez terminado su encargo, a principios de diciembre, se irá del país para continuar con su proyecto de ser entrenador de futbol. Desde hace varios días, su pareja y su hija más pequeña están instaladas en Madrid, España.

La llamada #LeyHugoLuna fue una iniciativa presentada por la fracción de MC en el Congreso del estado de Jalisco para modificar la Ley del Servicio de Protección para el estado de Jalisco y sus Municipios, que dio a conocer la periodista Ilse Martínez. Los puntos principales son dotar de seguridad personal con cargo al erario para el jefe de gabinete, a pesar de que no tiene atribuciones relacionadas con la seguridad, así como a fiscales especiales, como el anticorrupción.

El nivel de los cuestionamientos hacia esta reforma se elevó después del asesinato de Jaime Navarro Hernández director de Seguimiento a Procesos de la Fiscalía del Estado, en estricto sentido el tercer responsable de esa dependencia y quien llegó a una farmacia sin protección alguna, completamente vulnerable ante sus asesinos.

Además, la urgencia de contar con seguridad para uno de los mejores amigos del gobernador Enrique Alfaro, desde que ambos cursaron la preparatoria, contrasta con las declaraciones constantes del mandatario de que Jalisco es más seguro que nunca. Esto, a pesar que entregará el gobierno con el estado en primer lugar nacional en el número de personas desaparecidas, en cuerpos rescatados de fosas clandestinas y en los primeros lugares en número de fosas clandestinas, sumado a una crisis forense sin precedentes, con más de 9 mil cuerpos y segmentos acumulados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Hace unos días, el periodista Lauro Rodríguez publicó en El Diario NTR Guadalajara que la percepción de inseguridad de los jaliscienses se incrementó de manera importante en el gobierno de Enrique Alfaro, según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El peor año fue 2020, donde 83.1 por ciento de los ciudadanos dijo sentirse inseguro.

Este gobierno se ha caracterizado por preocuparse excesivamente por la seguridad de los funcionarios cercanos al gobernador Enrique Alfaro. Una prueba de ello es el pago de 138.7 millones de pesos en el arrendamiento de vehículos blindados, pagados a la empresa Casanova Vallejo SA de CV, para los funcionarios de primer nivel del gobierno del estado.

Lo anterior, sumado a la compra de 27 vehículos blindados más en 2022. 

La ley que regula la asignación de escoltas a funcionarios y ex funcionarios públicos fue aprobada por el Congreso del Estado a petición del actual gobernador, en diciembre de 2018, con la intención de reducir el número de policías estatales dedicados a esa tarea. La entonces diputada local  y ahora dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, declaró que “algunos secretarios de Estado, que no tienen nada que ver con temas de seguridad hacen uso de personal de seguridad, no solo para ellos, sino para su esposa y para sus hijos. Y en muchos casos hacen uso de estas personas calificadas para desarrollar un trabajo de seguridad casi casi como servidumbre, de jardineros o de mandaderos”.

La reforma tuvo como efecto la reducción de personal de seguridad  asignado para los funcionarios salientes, más no para los que conformaron el primer gobierno de MC, que se incrementaron 55 por ciento con respecto a la administración anterior, al pasar de 198 a 307. Este tema fue cuestionado cuando fue asesinado el ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, en diciembre de 2020, porque en ese momento solo tenía dos personas acompañándolo, precisamente por la reducción en el número de escoltas ordenada por Enrique Alfaro.

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