Respira
Por Sophia Huett
Si no hay consumo, no hay narcomenudistas.
Si no hay narcomenudistas, no hay narcotráfico.
Si hay consumo, hay lucha por el territorio y homicidios con el más alto grado de violencia.
En ocasiones se busca construir las soluciones de arriba hacia abajo: ir contra el narcomenudeo y el narcotráfico, sin atender a quienes consumen.
En la administración que concluyó se dio cuenta de importantes aseguramientos de drogas. En el contexto que nos rodea, con objetividad, resulta claro que esos esfuerzos fueron aislados e insuficientes. Parecieran un golpe de suerte antes que una estrategia antidrogas.
En materia de aseguramientos, en el año 2022, la Guardia Nacional informó que sacó de circulación mil 343 kilos de cocaína, lo que representa 47% menos que el año anterior por parte de la misma institución.
Lo de hoy son las metanfetaminas: droga barata, muy adictiva y fácil de conseguir. En el año 2022, la mencionada institución aseguró 712 kilogramos de esta droga, 85% menos de lo que se incautó en el año 2021, cuando el reporte oficial dio cuenta de 4 mil 800 kilos, similar a la de 2018, cuando se alcanzaron los 4 mil 400 kilos.
Nadie puede decir que se asegura menos porque circula menos. No hay estudios que así lo señalen. La última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco fue levantada entre el año 2016 y 2017, sin una actualización de datos.
Pero lo que sí queda más claro, es que más que el narcotráfico, lo que causa la violencia “primaria” en las ciudades, es la pelea por la distribución de droga.
Y aquí entramos a otras situaciones escabrosas: servidores públicos civiles y castrenses que hacen llegar al narcomenudista con la mitad de dosis ante el juez y termina siendo una falta administrativa que lleva al delincuente a repetir el proceso hasta por 999 ocasiones, sin mencionar que la otra mitad de la droga termina en consumo de esos mismos servidores. Y esto, por citar un ejemplo que ojalá fuera hipotético.
También es necesario referirnos al tema de salud pública, en cuanto a tratamiento de adicciones. Más del 90% de los centros de “rehabilitación”, mejor conocidos como “anexos”, no cuentan con certificación o acreditación alguna. En su mayoría son espacios de buena voluntad, pero también son negocios sin supervisión, escenarios de otros abusos e incluso sitios en donde la violencia más extrema materializa con multihomicidios que rebasan los dos dígitos en cuanto a víctimas.
Los factores que hacen que el consumo de drogas incremente la violencia son las detenciones aleatorias y en flagrancia de narcomenudistas sin afectar la estructura delictiva, la disponibilidad de recursos económicos por parte de las y los jóvenes a quienes indiscriminadamente se les otorga una beca económica de libre uso, la ausencia o disminución de inspecciones en carreteras federales, así como la facilidad de corromper a algunas autoridades.
Lo que sería deseable esperar es que las instituciones, partiendo desde lo local, construyan casos en conjunto con el ministerio público para que ese narcomenudista cuente con los cargos suficientes para quedarse en prisión y que sea parte de un esquema que permita dar golpes certeros y directos al narcotráfico que surte al narcomenudeo.
Y aún más deseable será contar con una verdadera política de atención de adicciones y salud pública.
No solamente se requiere la atención a la pobreza como causa de la violencia, sino comprender que las adicciones no son exclusivas de la pobreza, pero sí es una condición que la intensifica. Es más fácil dar apoyos que atender adicciones.
El consumo de drogas es el elefante en medio de la sala del que se justifica su presencia cuando alguien tiene el atrevimiento de hablar de él. Ya no digamos que no se sabe qué hacer con el paquidermo.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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