Respira
Por Sophia Huett
México es un país rezagado en atención a la seguridad cibernética.
Para el año 2018 apenas se contaba con un área policial de Ciberseguridad en la Policía Federal. Sus incipientes capacidades y atracción de talento quedó truncado con el nuevo modelo de seguridad de la Guardia Nacional, que privilegió el despliegue y consideró que la actividad policial intra muros era de tipo “administrativa”.
Aunque con números “estables” en sitios web maliciosos desactivados, pasamos de 133,469 incidentes de seguridad atendidos en 2020 a 46,859 en 2023.
Pero más que esas cifras, con alrededor de 75 denuncias por año por pornografía infantil, dejamos de conocer detenciones y desactivación de bandas dedicadas a este ilícito.
La falta de actividad y desarrollo en esta materia, resta competitividad a México en tiempos de una economía globalizada, pero también representa un riesgo para la integridad de las personas y de la población más vulnerable, como el caso de los menores de edad.
Para el Estado mexicano también se trata de una amenaza grave para la Seguridad Nacional, como ya se vio en los casos de filtración de información de instituciones federales mediante Guacamaya Leaks.
Es urgente construir una agencia de seguridad informática y blindarla de los cambios y urgencias políticas, pero además que sea una agencia que cuente con un carácter policial para poder ministerializar los delitos cometidos en la red, que para el imaginario general, no los comete un sofisticado delincuente encerrado en un bunker: en los delitos cibernéticos participa la delincuencia organizada para la compra de armas, reclutamiento, fraudes, trata de personas, extorsión y otros delitos más, también cometidos por “delincuentes comunes”.
Si a nivel federal no contamos con las herramientas, en las entidades federativas no hay mucha diferencia, especialmente con la falta de convocatoria del nivel central.
Aunado a la ausencia de perfiles, no se destinan presupuestos necesarios, al mismo tiempo que México es uno de los países más atacados por el cibercrimen, no tenemos la legislación suficiente y la que se presentó está atorada en el propio Legislativo.
No hemos avanzado ni en el aspecto más básico: educación para las y los usuarios y para las organizaciones, lo que abre la puerta a los delitos cibernéticos.
Reclutar personal especialista en ciberseguridad, pero con un enfoque policial, es sumamente difícil; pero también es sumamente atractivo para la iniciativa privada y ahí fue donde muchos acabaron para tener un mejor trato y sueldo. Y ahí está la inversión del Estado mexicano que urge recuperar y proteger de ocurrencias.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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