¿Por qué este reality debería importarnos?

Por Thelma Elena Pérez Álvarez

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Aunque la narrativa oficial se empeña en declarar el fin del neoliberalismo en México, no es así. Este modelo dominante de articulación sociocultural continúa legitimando creencias y controles, traducidos en estructuras que distribuyen asimétricamente recursos económicos y sociales a partir de alianzas entre élites económicas y políticas establecidas para robustecer su poder y mantener la acumulación del capital.  

El neoliberalismo es un proyecto político de clase y un régimen disciplinario (Harvey, 2005) que opera mediante discursos que exaltan el individualismo, la elección, la libertad, la movilidad y la seguridad nacional, con el objetivo de despolitizar la desigualdad y normalizar la precariedad. Así, la experimentación de desigualdades multidimensionales es consecuencia de elecciones personales y no de la distribución inequitativa de recursos.

Si a lo anterior añadimos el ingrediente populismo, tenemos un cóctel de populismo neoliberal, el cual, al tiempo que construye discursos simplificadores y sentimentalizadores sobre la complejidad social fomentando el nacionalismo y la polarización, justifica la permanencia de desigualdades, socava derechos y principios democráticos para obtener el control de poderes e instituciones. 

Medios, desigualdades y violencias contra las mujeres 

Los medios de comunicación tienen un rol estructural en la legitimación y normalización de desigualdades y violencias contra las mujeres. Las desigualdades multidimensionales que experimentamos las mujeres en México, luego de 40 años (y contando) de políticas neoliberales, son resultado de procesos socioculturales que, bajo la retórica del “empoderamiento” y la “libre elección”, resignifican y validan lógicas que perpetúan un círculo vicioso de desigualdades distributivas (materiales) y representativas (simbólicas) con mayor impacto en nosotras. (Pérez Álvarez, 2020). 

Las violencias contra las mujeres son causa y consecuencia de las desigualdades históricas y resignificadas por la cultura neoliberal. Específicamente la violencia simbólica en la modalidad mediática, sucede cuando los contenidos mediáticos construyen y difunden formas de desigualdad y discriminación que están fuera de los medios, porque en el imaginario social existe un soporte simbólico basado en la desigualdad de género, la cual se cruza con otras fuentes de desigualdad (clase, raza, etnia, edad) y en primer lugar permite la expresión de la violencia simbólica y después la de otras, como la mediática, la psicológica, la sexual, la física, etcétera.

La Casa de Los Famosos es un contenido mediático que pretende legitimar la misoginia y la discriminación causantes de las violencias registradas, hasta ahora, contra las participantes del reality (simbólica, psicológica y apología feminicida). Esto incluye la revictimización y la exigencia a las integrantes de conciliar con agresores, la minimización de problemas de salud mental, la trivialización de la población LGBTQIA+ y expresiones xenófobas. 

Además de la espectacularización y capitalización de los conflictos por la televisora, casas productoras, marcas y asociados con presencia en el reality en función de disposiciones contractuales, rating e interacciones, pues el contenido se expande hacia redes socio digitales y plataformas, donde la actividad de audiencias funciona como caja de resonancia, participando en la reproducción y normalización de estas desigualdades y violencias.   

La respuesta gubernamental

La aceituna del cóctel populismo neoliberal y su relación con el reality la colocó el presidente AMLO en la mañanera del 15 de agosto, cuando minimizó las violencias denunciadas y el alcance del programa. También, al apuntar a su confianza en el pueblo mexicano para elegir contenidos que valen la pena e indicar que, en lugar de censura, la regulación de contenidos debería estar en los medios y no en el gobierno. Además, al mencionar que, posiblemente, el dueño de la televisora no lo sabía.

La declaración intenta justificar la inacción del gobierno para garantizar tanto los derechos de las audiencias y la libertad de expresión como la prevención, atención, sanción y erradicación de violencias contra las mujeres, dentro y fuera de las pantallas, desatendiendo marcos jurídicos nacionales y tratados internacionales suscritos en esta materia. En el primer trimestre de 2024 se registraron 80,384 llamadas por violencia de género, 5% más que en el mismo periodo en 2023 (García, 2024) y cada día ocurren entre 9 y 10 feminicidios, pero solo 2 se investigan bajo el protocolo de feminicidio (Jiménez, 2024).

Igualmente, animó dudas sobre alianzas con el dueño de Televisa al intentar disculpar su responsabilidad en este hecho. En 2022, el gobierno federal pagó a la empresa 1,190 millones de pesos en publicidad oficial y comunicación social (Fundar, 2023). 

Finalmente, transfirió la responsabilidad a la ciudadanía. Así, las desigualdades y violencias son producto de decisiones personales y no de un gobierno que perennemente esquiva su obligación para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Insisto, dentro y fuera de las pantallas.

* Docente en comunicación digital, publicidad y marketing en universidades de España y México. Trabaja activamente para que el Estado mexicano garantice el derecho humano a la alfabetización mediática e informacional.

Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.