Respira
Por Yohali Reséndiz
Cuando las víctimas de agresión sexual enfrentan a la justicia, lo que hay detrás es un camino largo, difícil y doloroso. Por eso es fundamental escribir sobre los logros que, con valentía y firmeza, las víctimas arrancan al sistema, exhibiendo a las autoridades corruptas que protegen agresores sexuales.
También es necesario destacar a los pocos jueces que, con perspectiva de género y respetando el interés superior del menor, dictan sentencias que marcan precedentes.
Y, claro, hay que hablar de las valientes madres y víctimas que, pese al dolor de saber que el hombre al que amaron y respetaron como padre es ahora el monstruo a vencer, siguen luchando. Aun sin fuerzas, con depresión y dolor físico, no dejan de alzar la voz.
La semana pasada, en Jalisco, el juez octavo de control, Javier García Muñoz, dictó fallo condenatorio contra Jorge Alberto “V” por abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.
La audiencia del jueves 14 de noviembre representaba para las víctimas todo y nada a la vez. Entrar al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) de Puente Grande, Jalisco, les recordó algo clave: el responsable estaba en el lugar que merecía, condenado por sus acciones contra sus dos hijas biológicas y una hijastra, todas menores de edad.
Jorge Alberto “V”, originario de Toluca, residente por más de 35 años en Oaxaca, fue detenido hace dos años y recluido en Puente Grande. Abusó de sus hijas en diferentes estados: Ciudad de México, Oaxaca y Jalisco, donde realizaron denuncias en las fiscalías locales.
De estas entidades, solo Jalisco ha emitido una sentencia. En Oaxaca, las víctimas enfrentan corrupción, influencias políticas y la falta de perspectiva de género del Ministerio Público, mientras que en Ciudad de México el caso avanza lentamente.
La defensa del agresor intentó desvirtuar los hechos y los peritajes, pero las evidencias y los testimonios fueron más fuertes. Las tres menores relataron cómo fueron abusadas por su padre, mientras los peritajes confirmaron las afectaciones físicas y psicológicas que sufrieron.
Durante este proceso desgastante, la madre de las víctimas, Claudia Casas, denunció la obstrucción de la justicia en Oaxaca, encontrando poco eco en los medios. Sin embargo, funcionarios corruptos siguen sin inmutarse.
Es fundamental visibilizar que las madres y víctimas que denuncian crímenes de esta magnitud enfrentan abogados que las desangran económicamente sin defenderlas, amenazas de agresores y cómplices, e incluso despidos laborales que las dejan desprotegidas.
En las escuelas, el entorno suele ser insensible, discriminando a las víctimas hasta obligarlas a abandonar sus estudios.
Esta columna es un bálsamo para quienes escuchan sentencias que, aunque no borran las secuelas de por vida, hacen que los latidos sean diferentes:
“Jorge Alberto ‘V’, por los delitos de abuso sexual infantil agravado en contra de tres menores de edad, es usted sentenciado a 44 años de prisión, 5 meses y 10 días.”
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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