Respira
Por Yohali Reséndiz
Las gemelas tenían seis años cuando su madre comenzó a notar cambios drásticos en su hijo menor, de apenas tres años. De repente, el pequeño volvió a usar pañal, empezó a tocarse constantemente el pene, a introducirse los dedos en el ano. Se mostraba irritable, con mínima tolerancia a la frustración, y dejó de controlar su esfínter anal y de micción.
Lloraba por cualquier motivo, sufría pesadillas y no quería alejarse de su madre.
El pediatra recomendó estudios proctológicos y atención psicológica. Después de diez sesiones privadas, la psicóloga fue contundente: el niño era víctima de violencia sexual a manos de su padre. Era 2011. El pequeño tenía tres años y dos meses de edad.
El expediente médico muestra cómo, a partir de entonces, comenzó a padecer gastritis, colitis, gripes constantes y tos crónica. El agresor, su propio padre, era un hombre de 40 años que maltrataba a cada integrante de su familia. Con el tiempo, la madre descubrió que también mostraba pornografía y agredía sexualmente a las gemelas.
¿Qué haría usted en su lugar?
La madre, enfrentándose al horror, huyó de casa con sus tres hijos. Sin más apoyo que el de sus padres, dependiente económicamente de ellos, decidió emprender un proceso legal desgastante para quitarle la patria potestad al agresor. Un proceso que duraría seis años.
Durante ese tiempo, el padre ejerció hostigamiento, cerró todo apoyo económico, lanzó amenazas y burlas. Ella, sin embargo, se negó a ceder.
En 2011, solicitó el divorcio incausado ante la Jueza 10ª de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. De manera inexplicable, la jueza determinó un régimen de visitas y convivencia provisional… ¡permitiendo que las gemelas convivieran con su agresor! Solo reservó las visitas respecto al niño.
En abril de 2012, el padre pidió reanudar también las visitas con su hijo.
Dos meses después, el DIF CDMX realizó un peritaje y concluyó que el niño refirió de forma clara y contundente que su padre lo había abusado sexualmente.
La madre recuerda también un episodio perturbador: una máscara que el padre llevó a casa. “Mi papá se convertía en un lobo cuando me tocaba aquí y acá”, relató el niño.
En septiembre, el agresor fue sometido a un peritaje ordenado por el juez, que reveló su personalidad infantil, impulsiva, ansiosa, con conflictos sexuales y tendencias agresivas.
En diciembre de 2012, la misma jueza recomendó psicoterapia para el padre y el niño en ADIVAC, con el supuesto objetivo de “restablecer la relación paterno-filial”. ADIVAC, tras trece sesiones, concluyó lo obvio: la violencia sexual existió y era riesgoso cualquier acercamiento del niño con su padre.
Pero entonces vino lo impensable. En noviembre de 2013, la jueza convenció a la madre de firmar un convenio de custodia compartida. Como celebración, el padre llevó a sus hijos a Disneylandia. Allí, una de las gemelas informó que había sido nuevamente abusada.
La madre presentó una nueva denuncia penal. Sin embargo, esa denuncia quedó congelada.
ADIVAC, indignada, interpuso una queja contra la jueza ante el Consejo de la Judicatura. La madre también presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal. El resultado fue el mismo: indiferencia.
La Jueza 11ª tomó el caso. Llamó a audiencia y, a pesar de las evidencias, obligó a la familia materna a permitir convivencias entre las niñas, el niño y su agresor. Además, prohibió a ADIVAC seguir tratando o evaluando a las víctimas.
Para 2015, la madre, sin abogados y asediada por citatorios, comenzó a recibir multas por no llevar a sus hijos a convivencias judiciales. Se le giró una orden de arresto.
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